La Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó el habeas corpus colectivo que permitió las prisiones domiciliarias de los presos en el marco de la pandemia por el coronavirus y ordenó que esos beneficios deben ser analizados caso por caso por el juez que tiene a cargo a cada detenido.

Así lo consignaron fuentes judiciales, quienes precisaron que el fallo del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires fue dictado por unanimidad, con la firma de los ministros Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Torres y Eduardo de Lázzari.

La decisión -que hizo lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, Carlos Altuve- determina que "son los órganos judiciales competentes los que deben revisar y evaluar las peticiones deducidas por los procesados o condenados a su disposición mediante un juicio debidamente motivado, considerando los derechos de las víctimas y en función de una serie de directrices orientadoras relativas a los grupos de mayor riesgo ante el Covid-19".

Entre las pautas que de acuerdo con el fallo deben ser tenidas en cuenta, la Suprema Corte bonaerense destacó: los bienes jurídicos afectados, las condiciones personales del procesado o condenado, el grado de intervención asignada al procesado o condenado por el delito y las modalidades de la comisión del delito (forma en que se afectó el bien jurídico, medios empleados y las particulares relaciones con las víctimas).

También, el fallo del máximo tribunal indicó a la hora de analizar la concesión o no del beneficio de prisión domiciliaria por la pandemia del coronavirus, que debe ser tenido en cuenta el nivel de organización delictual en que ha sido perpetrado el hecho, la pena en expectativa o la ya establecida, el examen del nivel de avance del proceso y de los riesgos procesales y la situación de la víctima al momento de la decisión, entre otros aspectos.

También, de acuerdo con lo que trascendió de fuentes judiciales, el fallo del máximo tribunal bonaerense puso el acento en la necesidad de evaluar la relación con el domicilio constatado del procesado o condenado reclamante, y la consideración de la existencia de lugares especialmente destinados por el sistema carcelario para alojar personas en riesgo sanitario agravado.