Doce días antes de dejar el Gobierno, Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia (79519) en el que creaba una Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Ayer fue derogado el DNU luego de que se conociera que Alejandro Vandenbroele, socio de Amado Boudou y testigo protegido, habría cobrado 1.500.000 de pesos para gerenciar una posada en la provincia de Mendoza.

El nuevo decreto señala que "no existieron medidas excepcionales" que justifiquen la adopción de un decreto de necesidad y urgencia. El Gobierno considera que "hubo irregularidades" con la creación de la agencia por lo que ordenaron una auditoría para analizar la gestión del macrismo con respecto a esa área que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, conducido por Germán Garavano.

Las sospechas comenzaron desde el momento que circuló información sobre que los testigos protegidos habrían gozado de beneficios económicos para presentarse en el programa para complicar a ex funcionarios kirchneristas. Uno de ellos fue Vandenbroele. Otro fue el financista Leandro Fariña, que registró gastos como el pago a una medicina prepaga.

"No se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta constitucional", destaca la nueva normativa al considerar que el progarama anterior se mantuvo sin variación durante más de 16 años "hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior".

El macrismo había intentado en varios ocasiones traspasar el programa de protección a testigos al Poder Judicial, una idea que no prosperó. Luego quiso trasladarla a la Cámara de Casación Penal, también sin posibilidad de hacerse cargo. Finalmente optó por crear un ente autártico que le dé autonomía.