La compleja realidad que atraviesa nuestro país transforma en oportuno el planteo de un régimen de emergencia en los servicios públicos, en base a obvios extremos fácticos que justifican plenamente su aplicación.

Es oportuno ofrecerle a la ciudadanía y a los funcionarios (especialmente), un régimen con temperamentos innovadores, para las compras estatales de emergencia, tan cuestionadas por su inveterada opacidad estructural, que muchas veces mal pretende autorizar a sus responsables, a justificar lo injustificable.

Cuando el Estado invoca la necesidad de realizar compras de emergencia, cuya implementación amerita la aplicación de procedimientos urgentes y perentorios, antes que someterse a sistemas anacrónicos y con demostrada ineficacia, debe echar mano de una justificada audacia, abastecida de una gran dosis de sensatez e inteligencia. Ponderar la honestidad como una exigencia, a esta altura, resulta una vergonzante obviedad.

No es intención de esta nota, hurgar en las operaciones que ya fueron enfáticamente denostadas y que generaron no sólo la renuncia de varios funcionarios, sino también de una investigación penal en trámite. Dicho cometido es tarea de la justicia.

Propongo sí, desarrollar herramientas útiles, que permitan y autoricen a los funcionarios que gastan en nombre del Estado (o sea todos nosotros), realizar compras urgentes con eficacia; esto es, pagando lo que se debe y garantizando la efectiva entrega a los beneficiarios.

Por ello, la preconizada transparencia (requisito insoslayable en este tipo de contrataciones administrativas), no sólo debe involucrar las cuestiones formales de las compras que nos ocupan, sino también, las de fondo.

Cuando una empresa "cotiza", realiza una suerte de "apertura de costos", que incluye en el precio final con los gastos de entrega del producto comprometido

En efecto, no alcanza con que la plataforma COMPR.AR, informe y exija, que las compras de emergencia autorizadas por la Decisión administrativa 409/20, no podrán reconocer un monto superior a los Precios Máximos autorizados por la Secretaría de Comercio.

El paso a paso de las compras oficiales

En mi propuesta debo hacer referencia al concepto de cotización de los oferentes en este tipo de contratación, que implica un espectro mucho más amplio y variado que el del simple precio.

Cuando una empresa "cotiza", realiza una suerte de "apertura de costos", que incluye en el precio final, la totalidad de los rubros que lo integran, incluyendo los gastos de entrega del producto comprometido. Así, el cotizante debe describir cuánto gasta en la producción del objeto a entregar, su financiamiento, los impuestos que debe abonar, etc. También surgirá de la oferta, en forma clara y contundente, el origen del producto ofertado, respecto al carácter de productor o intermediario del pretenso contratista.

Esta forma de cotizar, le permite al funcionario no sólo analizar en forma íntegra los costos del precio ofertado, sino también, salvaguardar su idoneidad y justificar las razones de su aprobación. Así las cosas, el oferente reivindica su precio final transparentando los costos, por un lado; y por el otro, el funcionario analiza la veracidad de los mismos y su debida ponderación. Es más, el cotizante, aún ofertando los precios autorizados, debe justificarlos.

Para que la transparencia sea completa y genere mecanismos de afianzamiento y garantía para los contratistas que participen en las convocatorias, se debe publicitar claramente, la fecha de pago, la del efectivo cumplimiento de dicho compromiso o en su defecto, las causas por las cuales no se realizó el mismo.

Esto es, que todos sepamos no sólo cuánto se gasta, sino también, cómo y cuándo se pagan las compras de emergencia. Al par de ello, debe generarse un mecanismo paralelo de financiación por parte de la banca pública, permitiendo el canje de las facturas entregadas a los proveedores.

De esta manera se garantiza la plena y democrática participación de quienes pueden resultar oferentes en la emergencia.

Con estos mecanismos, la ciudadanía podrá acceder a una cabal información sobre los precios que abona el Estado, y a la vez, ya no podrá, el funcionario de turno, como en Fuenteovejuna, decir que el sistema es el responsable (o sea: nadie).

También el Estado, con la misma energía que incentiva y publicita el respeto a la cuarentena, debe generar políticas, desde los organismos que deban realizar compras de emergencia, y promover la masiva participación de todos los sectores productores de los insumos que en forma urgente necesita adquirir, segmentando, en su caso, la adquisición de un mismo producto y sectorizándolo, de acuerdo a los lugares donde deben ser enviados.

De la misma manera que Desarrollo Social generó una política exitosa a través de la distribución de la "tarjeta alimentaria", que entre finales de diciembre y el inicio de enero, hizo girar en forma virtuosa la economía de todos los sectores involucrados (léase, distribuidores y comerciantes), beneficiando un espectro social más amplio que el de los titulares de la tarjeta propiamente dichos, debe lograrlo a través del sistema de compras.

Finalmente, la democratización ûy renovación- de las compras de emergencia, exige también, la generación de normas que resguarden a los contratistas, para evitar las indubitadas asimetrías que hoy deben padecer la mayoría, en beneficio de unos pocos, circunstancia que origina la cartelización de los mismos. En este caso, la emergencia, será también una oportunidad, para una nueva propuesta.