Un pedido de juicio político contra el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca Claudio Brun, acusado por presunto mal desempeño de sus funciones, fue presentado formalmente por la abogada María Fernanda Petersen, con el respaldo del Observatorio de la Víctima de Delitos que depende de la Cámara de Diputados de la Nación.

Se trata del magistrado que había concedido el beneficio de arresto domiciliario un hombre que, en 2015, había sido condenado a siete años de prisión por el abuso sexual a una menor con retraso madurativo, y que, durante el último fin de semana, tras el rechazo que cosechó su resolución, dispuso que volviera al penal en el que se encontraba alojado.

El pedido de juicio político fue presentado ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses, y se convirtió así en la primera denuncia formal realizada por el Observatorio, que funciona en la órbita del Congreso y depende del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

El planteo se formalizó en representación de G.N.S., una adolescente discapacitada que en 2008 fue abusada sexualmente, con acceso carnal, por un hombre que fue sentenciado a prisión, informaron fuentes parlamentarias.

Acompañó la presentación el diputado provincial Pablo Garote, mientras que el legislador nacional massista Ramiro Gutiérrez trabajó junto al Observatorio como articulador del seguimiento de las decisiones judiciales sobre otorgamiento de prisiones domiciliarias.

Voceros parlamentarios señalaron que pedirán la suspensión preventiva del juez mientras se sustancia la investigación sobre su conducta en el ámbito de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses.

La presentación, a la que accedió Télam, le adjudica al magistrado haber incumplido sus funciones al "omitir notificar y oír a la víctima antes del resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria" y que la familia de la chica "se enteró por los medios".