El estado brasileño de Ceará (nordeste) registró 170 homicidios desde el 19 de febrero hasta el martes por la noche, en medio de una huelga de la Policía Militar (PM) por mejoras salariales, informó la Secretaría de Seguridad Pública.

Tales datos representan, en promedio, una muerte violenta cada 51 minutos durante el período. Solo el lunes, se contabilizaron 23 crímenes violentos letales en todo el estado.

De acuerdo con la secretaría, "abarcan los casos que entran en la categoría de homicidio/femicidio, lesiones corporales seguidas de muerte y robo".

Por lo menos 230 efectivos de la Policía Militar fueron separados de sus funciones y se espera que pierdan sus salarios del mes. Otros 37 oficiales del cuerpo fueron arrestados por deserción, al eludir cumplir el servicio durante el carnaval.

Desde el martes de la pasada semana, hombres encapuchados, que se identifican como agentes de seguridad de Ceará, invadieron cuarteles y pincharon los neumáticos de vehículos de la policía.

Portavoces de los agentes establecieron seguir con la sublevación luego de que el diputado federal Cabo Sabino informara sobre las ofertas del Ejecutivo y los policías respondieran que no están satisfechos con el reajuste salarial planteado.

La propuesta del gobierno es aumentar el salario de un soldado de la PM de los actuales 3.200 reales (unos 700 dólares) a 4.500 reales (1034 dólares), en incrementos progresivos hasta el 2022.

El grupo amotinado exige que el aumento a 4.500 reales se aplique de inmediato este año. Los huelguistas han impedido la acción de la policía, al invadir batallones e imposibilitar la salida de vehículos.

El senador de centroizquierda Cid Gomes recibió el miércoles dos disparos de bala de goma, uno en un pulmón, mientras intentaba despejar con una retroexcavadora la entrada de un batallón en la ciudad de Sobral, en el interior de Ceará. El ex integrante del gabinete de Dilma Rousseff recibió el alta el domingo y sigue la recuperación en su domicilio.

Por el momento, dos batallones continuaban ocupados por agentes insubordinados, en el octavo día de protesta.

El viernes, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro envió a Ceará unos dos mil 500 efectivos militares y de la Fuerza Nacional, que actúan a pedido de los estados para reforzar la seguridad.

El motín de los policías militares (PM), un cuerpo de mantenimiento del orden que depende de la autoridad de cada estado y que tiene prohibido por ley hacer huelga, estalló el martes pasado por la noche.

Un grupo de agentes ocupó cuarteles, atacó varias patrullas y se declaró en huelga, tras dos meses de infructuosas negociaciones por aumentos salariales. En los días siguientes se registraron robos de patrullas y destrucción de instalaciones policiales, y el número de muertes violentas en las calles se disparó.

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Redaccion BAE

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