Santa Cruz es uno de los casos más claros de minería en etapa de madurez. El oro y la plata explican miles de puestos de trabajo directos e indirectos, una red de proveedores locales y una economía regional que se desarrolló al ritmo de operaciones que actualmente enfrentan límites geológicos, costos crecientes y un horizonte productivo cada vez más acotado. Sin embargo, ese universo productivo no aparece en el centro de la agenda nacional.

La discusión por las retenciones sobre la plata expone con nitidez el desfase. Mientras el oro quedó exento desde enero de 2024, la plata sigue alcanzada por derechos de exportación, aun cuando comparte los mismos costos extractivos y enfrenta mayores desafíos para sostener producción. El gobernador Claudio Vidal fue explícito al plantear la asimetría: el esquema resulta injusto y termina restando recursos claves para exploración, justamente la herramienta central para extender la vida útil de los yacimientos. El planteo no apunta a aumentar la carga sobre el oro sino a corregir una distorsión que afecta la continuidad operativa. El caso de Mina San José, operada por Minera Santa Cruz, sintetiza el problema. Se trata de un yacimiento que ingresó en una etapa madura y que necesita exploración intensiva para sostener su horizonte productivo. Las retenciones sobre los concentrados y las barras de plata impactan directamente sobre esa capacidad de reinversión. No es una discusión nueva, pero continúa sin resolución incluso cuando la lógica aplicada recientemente sobre el petróleo (alivio fiscal para yacimientos maduros) podría trasladarse sin mayores dificultades al sector minero.

Mano de obra local

A este escenario se suman otros factores relevantes: el empleo local y la contratación de proveedores. Frente al riesgo de cierre de minas y pérdida de puestos de trabajo, Santa Cruz endureció su marco regulatorio y avanzó con un esquema de control más estricto. La ley 90/10, aprobada por unanimidad en la Legislatura, elevó los requisitos de contratación de mano de obra local y reforzó los mecanismos de supervisión, tanto en materia de empleo como de proveedores. La medida responde menos a retener actividad económica, sostener el trabajo y evitar que la renta minera se diluya en un contexto de retracción productiva.

La tendencia al endurecimiento de las condiciones vinculadas con el empleo local y la contratación de proveedores tiende a generalizarse en las provincias mineras: si bien Santa Cruz cuenta con el esquema más rígido, San Juan atraviesa una etapa de debate, en un contexto de grandes proyectos de cobre en evaluación. En Catamarca, Jujuy y Salta sostienen el 70/30 con registros obligatorios y Mendoza aparece como la excepción. Tras la aprobación legislativa del informe de impacto ambiental del proyecto de cobre San Jorge, la provincia cuyana mantiene una postura más abierta, sin cupos ni exigencias formales, una estrategia coherente con su situación actual, marcada por la ausencia de minas en producción y la necesidad de atraer inversiones. En paralelo, la agenda nacional avanza en otra dirección: el RIGI y la adecuación de la Ley de Glaciares orientados a destrabar proyectos de cobre, un mineral estratégico para la transición energética y con inversiones inéditas para el país. Allí se concentran las expectativas oficiales y gran parte del capital político del sector. Proyectos de cobre en distintas etapas de avance, especialmente en el oeste y en el norte argentino, aparecen como la apuesta central para el próximo ciclo minero. La narrativa oficial habla de empalme productivo, de reemplazo de la minería madura por una nueva generación de desarrollos de gran escala. No obstante, ese empalme no es automático ni neutro. Entre el cierre de una mina de oro en Santa Cruz y la puesta en marcha de un proyecto de cobre en otra provincia pueden pasar varios años. En ese intervalo, el empleo no se traslada: migra o se pierde. Este punto empieza a generar preocupación en el sector. El cierre progresivo de minas maduras puede derivar en procesos de migración interna de trabajadores especializados hacia provincias donde se desarrollen nuevos proyectos. Técnicos, operarios y proveedores con experiencia acumulada podrían verse forzados a relocalizarse, dejando vacíos no solo productivos sino también sociales en regiones que durante años dependieron de la minería. La transición hacia una nueva matriz minera requiere algo más que anuncios de inversión. Exige políticas de articulación entre ciclos productivos, incentivos para sostener operaciones existentes mientras se desarrollan las nuevas y una mirada federal que contemple los impactos territoriales del reordenamiento del mapa minero.