Hasta aquí mucho se ha escrito sobre el futuro escenario político y económico de la Argentina. Esta columna pretende trabajar sobre cómo se configurará el vínculo entre las empresas y el gobierno entrante.

Antes de profundizar estas líneas de pensamiento, conviene detenernos en el contexto social regional en el que debe desarrollar su actividad la empresa como tal. Estamos inmersos en una región con grandes conflictos sociopolíticos, con una crisis de poderes en Bolivia y Perú, y con graves tensiones sociales -con sus pertinentes movilizaciones espontáneas- en Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia y Nicaragua. A este escenario social, hay que sumarle demandas sociales genuinas con respecto al cuidado del medioambiente, demandas que se han traducido en importantes concentraciones sociales alrededor del mundo.

Todos estos elementos tienen su correlato en la opinión pública. La última encuesta del Latinobarómetro (encuesta realizada en 18 países de Latinoamérica, 2018) señala tendencias preocupantes:

a) Sólo el 16% de los encuestados considera que la distribución de la riqueza es justa en la región.

b) La mayoría (49%) señala que la región se encuentra estancada y que no hay crecimiento económico. Y que los principales problemas de la región tienen que ver con la economía (pobreza, inflación y desempleo).

c) Cae el apoyo a la democracia como sistema de gobierno. En el 2010 la apoyaba un 61% de la población de la región y en el 2018 cayó dicho apoyo al 48%. Esto tiene que ver con la percepción de la gente de que los políticos no resuelven sus principales problemas.

d) Y la aprobación promedio a la gestión de los gobiernos cae del 60% en el 2010 al 32% en el 2018.

Es en este contexto de malestar social donde la empresa debe desarrollar su actividad. Y es aquí donde nos peguntamos cómo se reconfigurará el vínculo entre lo público y lo privado durante el gobierno que comienza el 10 de diciembre. El primer elemento a tener en cuenta en este análisis es incorporar el clima de época imperante, ya que el vínculo entre el consumidor-ciudadano y la empresa se ha transformado sustancialmente en los últimos años. La empresa de hoy está más observada que nunca debido a la gran información que circula en las redes sociales y en los foros de discusión, donde se le reclama a las empresas que se involucren en la comunidad en la que desarrollan su actividad y que sostengan una causa social.

El futuro gobierno de Alberto Fernandez y Cristina Fernandez probablemente continúe con la configuración del "tercero imparcial" desarrollada en profundidad en los gobiernos kirchneristas. Esta teoría sostiene que en la relación entre las grandes empresas y los ciudadanos-consumidores es necesaria la figura del "tercero imparcial "(el gobierno) que establezca las reglas de juego entre los poderosos (grandes empresas) y los sujetos indefensos (ciudadano-consumidor).

Otra segura característica en la relación entre gobierno y empresas, será un corrimiento de lo multinacional hacia lo nacional, con especial foco en las Pymes. Esta tendencia se apoya en la opinión pública argentina, la que tiene una buena opinión sobre las Pymes y una mala imagen sobre las empresas multinacionales. En términos generales las grandes corporaciones están cuestionadas en el mundo, y nos encontramos atravesando un interesante debate sobre cómo repensar al capitalismo como modelo. Este debate no debe cuestionar la importancia de la empresa como factor de desarrollo de un país y como fuente preponderante de empleos, sino de cómo configurar un modelo de empresa más comprometida con lo social.

Nos parece pertinente profundizar el análisis de cómo articular la relación de las empresas con los gobiernos de turno, ya que estamos convencidos de que el trabajo conjunto entre empresas y sector público generará mejores condiciones sociales para todos los argentinos.

*Lic. en Ciencias Políticas y presidente de Agora Public Affairs Argentina