Poco a poco empieza a verse en el horizonte la posibilidad de una nueva normalidad a la salida de una pandemia que, si bien ha golpeado a toda la humanidad y no hay estado en el mundo que no se haya visto afectado por sus efectos directos o indirectos, lo cierto es que encontró a la Argentina con ciertas vulnerabilidades preexistentes. Al igual que ocurre con aquellas personas que contraen el virus, estas preexistencias complican el cuadro clínico y “de salud” de nuestro país, ya sea en términos económicos, políticos, sociales, laborales, legales y comerciales, entre otros. Sobre estos efectos conversaron profesionales del Derecho Concursal, Comercial y Laboral, especialistas en materia tributaria y de recursos humanos y  analistas políticos y económicos, en el evento “Fin de Feria, extraordinaria” que organizó VERBO, la agencia de comunicación y manejo de crisis dirigida por Mariela Ivanier.

El evento comenzó con una introducción política y macroeconómica, como para dar contexto a la conversación. La primera parte estuvo a cargo del Politólogo y Director de Opina Argentina, Facundo Nejamkis, quien destacó cinco momentos políticos, desde la unción de Alberto Fernández como candidato a presidente por parte de Cristina Fernández de Kirchner, buscando un compañero de fórmula con un ímpetu más moderado, permitiéndole así una mayor oferta electoral. “Un segundo momento tiene que ver con la construcción de esa candidatura y el triunfo electoral, en el que la mayoría de los analistas políticos creíamos que íbamos a tener una elección más peleada”, destacó. “Un tercer momento va desde que asume hasta la irrupción de la pandemia y la declaración de la cuarentena del 19 de marzo. Ese fue un momento gris que invadió la vida política argentina. Todos pensábamos que su gran tarea era resolver la deuda y el COVID alteró todos los planes. Ahí empieza a aparecer la figura de Alberto con toda su identidad, aportando las características moderadas y dialoguistas por las cuales había sido elegido. Es un momento en el que la imagen del presidente sube notoriamente”, siguió. “A partir de allí comenzó el cuarto momento, que yo llamo “tobogán”, el cual se caracteriza por un cuestionamiento a las políticas sanitarias del gobierno, aunque sin afectar fuertemente la imagen del presidente y hasta generando gran consenso en los medios de comunicación. Luego de eso entra en escena una serie de decisiones que empiezan a exceder la cuestión de la pandemia como el proyecto de expropiación de Vicentín, la Reforma de la Justicia, la decisión de declarar servicios de utilidad pública a los servicios de internet y telecomunicaciones, que ocasionan que Fernández pase de estar por encima de los 80 puntos de imagen positiva, a terminar el mes de agosto con el mismo nivel de apoyo que tenía en marzo: 55%. Esto da paso a una situación en la que el Presidente parece haber perdido su capacidad de formar puentes con la parte de la sociedad que no lo ha votado, sumado a una situación económica muchísimo peor”, cierra.

Esto dio lugar a la exposición de Guido Lorenzo, Economista, Profesor Adjunto en la FCE-UBA y Socio y director de la Consultora LCG, junto al Senador Nacional de Juntos Por el Cambio, Martín Lousteau. “Aún teniendo una economía en recesión, tarifas congeladas, precios administrados y controlados, y cepo cambiario, hay un miedo generalizado a la inflación, que para este año ya se perfila en el 42%, a pesar de que el gobierno anterior dejó, como una de sus pocas herencias positivas en materia económica, una baja monetización de la economía”, inició. “Además, en términos de déficit fiscal vemos una profundización de este indicador que proyectamos en 7,8% para 2020, al que se suma un 3% del déficit fiscal de las provincias. Sumado a esto, y si bien el acuerdo de la deuda que encabezó el Ministro de Economía Martín Guzmán, permite aliviar la presión sobre el agujero fiscal nacional, la carga de deuda y sus correspondientes totalizan un saldo negativo de $1,6 billones a diciembre de este año”. “El mayor desafío que tiene por delante el gobierno es desarmar el “gasto COVID” sin profundizar la actual recesión en la que está inmersa la economía argentina. El escenario se complica aún más teniendo en cuenta una inercia inflacionaria elevada, que difícilmente baje de los 30 puntos por los próximos 5 años y un nivel de desempleo, cierres de empresas y caída en la productividad que amenaza a la reactivación”, cerró.

En línea con esto, el Abogado especialista en Derecho Concursal y Secretario de Relaciones Institucionales de la Facultad de Derecho de la UBA, Marcelo Haissiner, alertó sobre la situación de desastre jurídico de las empresas argentinas. “Las pymes fueron afectadas por los cierres, el pago de impuestos, los alquileres, los sueldos. Empezaron a rescindir contratos y cerrar lugares, en algunos casos más prolijamente y en otros más bruscamente, y las grandes empresas están con una crisis de credibilidad muy importante”, advirtió, al tiempo que resaltó que cada uno de los decretos dictados por el presidente, intentan proteger un sector y terminan desprotegiendo a otro, lo cual genera conflicto y una crisis muy severa de credibilidad. “Los mecanismos que existen actualmente en el Derecho Concursal son insuficientes, arcaicos y malos y no hay posibilidad para las empresas de volver a instalarse”, advirtió.

En contraposición, Gabriela Antonelli Michudis, Mag. en Derecho de los Negocios, PgD. en Asesoría de Empresas y Profesora Regular de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la UBA, resaltó la importancia de la tutela de los derechos de las empresas acreedoras, a las que estas regulaciones también afectan. “A la Ley de Concursos y Quiebras no se le pueden pedir milagros. La argentina está empeñada en evitar el quiebre de empresas a cualquier costo, sin lograr una identificación y diferenciación fehaciente de las empresas que estaban en una situación de quiebra antes de la pandemia y las que lo están hoy a causa de ésta. Entonces, se genera una situación de injusticia, en la que las primeras se ven beneficiadas de las políticas públicas que, con justa causa deben atender a la situación de las segundas. Comparando con, por ejemplo, Alemania, vemos que el país europeo fijó claramente un límite a este tipo de situaciones, aclarando en sus regulaciones que las ayudas estatales eran para empresas que no estaban en situación crítica antes del 31 de diciembre de 2019, atendiendo así al impacto de la pandemia en las empresas exclusivamente y no dando lugar a injusticias como la mencionada anteriormente”, disparó.

Al respecto, Carlos Lucuy, Abogado y ex director de Planificación Penal Tributaria y Aduanera de la AFIP resaltó que, incluso en tiempos como este que necesitan más que nunca la colaboración conjunta de los actores políticos, la grieta se hace presente a través de disposiciones diametralmente opuestas a las del gobierno anterior, perpetuando lo que llama el “péndulo de medidas” perdiendo de vista cuestiones como la evasión impositiva estructural e inmensa que todavía persiste en nuestro país. “La evasión fiscal del IVA ronda entre el 20 o 25% del PBI, lo que representa unos U$S 21 mil millones, a lo que se suman unos U$S 400 mil millones según estimaciones privadas, que el Banco Central estima en U$S 130 mil millones. También, el nivel de informalidad se acerca al 50% de la totalidad del empleo generado. A esto hay que sumar los problemas políticos, económicos y en materia concursal”, resaltó. “Entonces no hay que perder de vista la necesidad de generar una mejora en el control de la enorme evasión impositiva de este país. Si no ponemos el foco en esto y no tenemos en cuenta que el “gasto pandemia” fue de U$S 40.000 millones, va a ser complejo que la reforma tributaria tenga utilidad y aplicación. También, si el gobierno no atiende la necesidad de promover la inversión, va a estar equivocando el rumbo en una definición de país”, comentó al tiempo que reflexionó que “la pandemia presenta una oportunidad inédita para generar este tipo de acuerdos que resulten en una reforma tributaria que permita, por ejemplo, ampliar el universo de contribuyentes apoyándose en las nuevas tecnologías”.

Como cierre de la parte legal y tributaria, el Abogado, Profesor de la Facultad de Derecho y Coordinador del Departamento de Práctica Profesional de la UBA, Jorge Danzi reflexionó sobre la importancia de nuevas normativas que alivianen las cargas sobre empresas y trabajadores, y que den seguridad jurídica, para evitar la necesidad de que exista un Estado asistencial, al tiempo que alertó que “según el servicio de conciliación laboral obligatorio en la Capital Federal, sólo en el mes de Julio se han presentado 12.694 conflictos laborales a los que hay que sumar 1.305 audiencias espontáneas en las que las partes ya están de acuerdo. Y agosto viene con números similares”. Sin embargo, resaltó otro conflicto para tener en cuenta: “En tribunales no todas las partes están de acuerdo en realizar audiencias virtuales, simplemente porque, en casos en los que las partes denunciadas quisieran no participar, les sería muy fácil evitarlo aduciendo la carencia de medios óptimos de conectividad o la falta de condiciones mínimas de seguridad que le puede garantizar un juzgado a los testigos y las partes de un juicio”.

Cerca del final fue el turno de Daniel Abelovich, Contador y Managing Partner de Abelovich, Polano & Asociados, quien optó por un discurso que hizo pie en las oportunidades que presenta el contexto. “Todos hemos pasado por situaciones límite en Argentina, no voy a discutir eso ni resolver si estamos en una crisis similar a las anteriores, pero al igual que en las crisis de la hiperinflación del 90 y el colapso generalizado del 2001, estos contextos son propicios para hacer inversiones, sopesando los riesgos que esa decisión acarrea. En este sentido, se presentan oportunidades inéditas y únicas -por ejemplo, en el área de la minería donde vemos empresas canadienses entre otras, realizando inversiones en suelo argentino-”.

Finalmente, el cierre estuvo a cargo de Luis Karpf, Psicólogo y Director de Rho Consultora Especializada en Cambio Organizacional, quien centró su exposición en los desafíos que el aislamiento y la pandemia, han provocado a empresas e individuos. “La nueva normalidad es no buscar el equilibrio anterior. Es imposible, porque somos otros. Los desafíos futuros tienen que ver con las marcas que dejan en la estructura organizacional quienes las lideran. Los líderes están gestionando a sus colectivos humanos y dejan una marca en cómo a partir de aquí se van a vincular con nosotros”, resaltó. “A esto se suma la incertidumbre sobre el hábitat en el que se desarrolla el trabajo. El espacio físico de la empresa pasó al hábitat personal de la casa. Por lo tanto tenemos que reconfigurar los sistemas de trabajo para lo que será a futuro el teletrabajo o trabajo en casa, que no es ni “home office” (normalmente entendido como un beneficio que dan ciertas empresas a sus empleados) ni esto que es sólo “trabajar en casa”. Hoy estamos sondeando qué es lo que desea la gente con respecto a cómo desea seguir trabajando y casi el 50% responde que quiere trabajar en forma híbrida, porque quieren salir de la casa, estar en un espacio, compartir la jornada con su equipo de trabajo, cerró.

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