El Gobierno convocó a licitación pública para la importación de GNL
El Ejecutivo busca que un operador privado reemplace a Enarsa. La adjudicación se definirá por el menor precio ofrecido sobre el marcador internacional TTF y el contrato regirá para el invierno 2026
El Gobierno nacional convocó a una Licitación Pública Nacional e Internacional para seleccionar a un único operador privado que se encargará de importar Gas Natural Licuado (GNL) y comercializarlo en el mercado interno, en reemplazo del esquema vigente en el que Energía Argentina (ENARSA) actuaba como único importador.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 33/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Allí se aprueban los lineamientos técnicos y comerciales que deberán incluirse en el pliego y se fija un plazo indicativo de 40 días corridos para concluir el proceso licitatorio.
Cómo será el nuevo esquema
El adjudicatario actuará como "comercializador-agregador" y tendrá a su cargo la compra de GNL en el mercado internacional y su posterior venta en el país como gas regasificado. Para ello, utilizará la terminal de Escobar, actualmente la única planta operativa de regasificación en la Argentina, desde donde el fluido se inyecta al sistema de transporte en Los Cardales, provincia de Buenos Aires.
El contrato con la terminal tendrá una duración de un año desde su firma. Durante el período invernal -del 1° de abril al 30 de septiembre de 2026- se le asignará al operador la totalidad de la capacidad disponible. Fuera de esos meses, podrá acordar con la terminal el uso de la capacidad ociosa para optimizar la infraestructura.
Según la resolución, la operación deberá concentrarse en un único comercializador para evitar conflictos en la programación de buques metaneros, la asignación de "slots" de descarga y la gestión de inventarios en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU). Energía justificó este criterio en la necesidad de asegurar una administración unificada en una infraestructura que requiere coordinación logística fina para operar con eficiencia y previsibilidad.
Competencia y precio máximo
La licitación incluirá una etapa de precalificación para evaluar antecedentes técnicos, experiencia y solvencia patrimonial y financiera de los interesados. Entre quienes superen esa instancia, la adjudicación se definirá por precio: ganará la empresa que ofrezca el menor adicional en dólares por millón de BTU (USD/MMBTU) sobre el marcador internacional Title Transfer Facility (TTF), publicado por Intercontinental Exchange (ICE).
Ese adicional deberá cubrir todos los costos asociados a la operatoria, como flete marítimo, regasificación, almacenaje, comercialización y transporte hasta el punto de entrega. El Decreto 49/2026 ya había establecido que el precio máximo de venta en el mercado interno no podrá superar el TTF más ese valor adicional surgido del proceso competitivo.
Desde la Secretaría de Energía sostienen que el mecanismo apunta a "reducir al mínimo la intervención del Estado" y a garantizar que la importación se realice bajo reglas de competencia, con trazabilidad y previsibilidad en los meses de mayor demanda.
Emergencia energética y abastecimiento invernal La decisión se inscribe en el marco de la emergencia del sector energético nacional, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027 para los segmentos de transporte y distribución de gas natural. En ese contexto, el Ejecutivo considera que la importación de GNL sigue siendo crítica para cubrir los picos de consumo invernal, sustituir combustibles líquidos en la generación térmica y asegurar el abastecimiento de la demanda ininterrumpible.
La resolución también prevé que, si las ofertas recibidas no resultan convenientes o no cumplen con los objetivos regulatorios, la licitación podrá declararse desierta y la Secretaría podrá instruir la continuidad del esquema actual para garantizar el suministro durante 2026.
Con esta convocatoria, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo en el que la importación y comercialización de GNL quede en manos privadas, bajo supervisión del Estado y con un criterio de competencia que, según plantea la norma, debería traducirse en menores costos para el sistema en el próximo invierno.

