La privatización de represas permitió conservar un fuerte superávit
En enero, la recaudación tributaria cayó un 8,2% real, pero el ingreso extraordinario ayudó a compensar casi todo. Siguió el ajuste del gasto
De la mano de las privatizaciones de las centrales hidroeléctricas del Comahue, y pese a la fuerte caída de la recaudación tributaria del 8,2% real interanual, el Gobierno consiguió iniciar enero con un superávit fiscal extraordinario y de $1,1 billones. El superávit primario fue de $3,1 billones. El Gobierno inició así el 2026 sosteniendo cierta holgura fiscal, esta vez de la mano del ingreso de USD 700 millones vía privatizaciones. Sin ese efecto, se habría registrado un superávit fiscal menor, de $65.256 millones. El ajuste del gasto fue del 0,7% real interanual y sigue siendo una clave del oficialismo para anclar la nominalidad y mantener a raya la demanda agregada, tal como sostuvo el FMI.
En paralelo a una caída de los ingresos del 1,2% real (las privatizaciones compensaron parcialmente), el grueso del ajuste del gasto se observó en las prestaciones sociales, que cayeron un 1,5% real interanual; en los salarios de estatales, que se redujeron un 10,9% real interanual; en los envíos a las universidades, que perdieron un 8,8% real interanual; y sobre todo en la obra pública, que anotó una baja del 35,9% real interanual, con énfasis en las obras destinadas al sector energético, con los apagones del mes como marco, y a la vivienda (contracciones del 83,3% y el 81,3% reales interanuales, respectivamente).
El Gobierno perdió unos $1,12 billones por la caída de los recursos tributarios y recuperó $1,03 billón por la privatización de las represas del Comahue. El ajuste del gasto permitió ahorrar unos $80.000 M extra. El superávit primario se redujo así un 3% real interanual durante enero, según estimó el Iaraf, número que habría llegado a una baja del 35% real interanual sin los ingresos de las privatizaciones.
Vale recordar que el 2025 terminó con un superávit primario del 1,4% del PBI, lo que permitió cumplir la meta numérica de 1,3% del PBI que planteó el acuerdo con el FMI, aunque en la última revisión (en rigor, la primera) del EFF el Fondo había señalado que "lograr un superávit primario del 1,6% del PBI es necesario para administrar apropiadamente la demanda y preservar el meritorio ancla fiscal". El exministro de Economía Hernán Lacunza además agregó que, por la capitalización de intereses de las Lecap, que la metodología oficial deja de lado, en realidad el resultado fiscal (aunque la meta aplica al superávit primario) de 2024 y 2025 dejó déficits fiscales del 1,8% y el 1,2% del PBI.
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró por la continuidad del ajuste y la supervivencia del ancla: "En enero el Sector Público Nacional alcanzó un superávit primario de $3.125.737 millones y un superávit financiero de $1.105.159 millones. Cabe aclarar que en el mes se registraron ingresos extraordinarios por $1.039.903 millones, explicados por los recursos generados por la licitación para la operación privada de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Sin contabilizar estos ingresos, el superávit primario hubiera sido de $2.085.834 millones y el superávit financiero de $65.256 millones".
Y agregó: "En el mes se abonaron intereses netos por $2.020.578 millones. Enero y julio son los meses de mayores pagos de intereses en términos relativos al resto de los meses del año, dados que opera el vencimiento de los cupones de intereses de los títulos Bonares y Globales. El gasto primario total se redujo 0,7% interanual en términos reales, con un crecimiento de 2,8% interanual y 4,1% interanual en los recursos destinados a jubilaciones y pensiones contributivas y a la Asignación Universal por Hijo, respectivamente".
El superávit primario de enero fue de 0,3% del PBI y el superávit fiscal del 0,1%, tal como informó el Ministerio de Economía. Para el 2026 la meta pautada con el FMI exige llegar a un superávit primario del 2,2% del PBI. La reforma laboral aprobada por el Senado y que discutirá Diputados esta semana plantea un costo fiscal del 0,41% del PBI para el Gobierno nacional, según datos del Iaraf.

