El Consejo federal de Derechos de Autor de Estados Unidos (el organismo que se encarga de regular el porcentaje que reciben los autores por sus canciones en las plataformas de streaming) falló a favor de la Asociación Americana de Derechos de Autor (NMPA) y la Asociación Internacional de Compositores de Nashville en la disputa judicial que mantenían con Spotify, Apple Music, Google, Pandora y Amazon. De esta forma, hasta 2022 las compañías de streaming están obligadas a pagar a los artistas un 15,1% de sus ingresos, en lugar del 10,5% anterior.

El incremento en cinco años del pago de derechos alcanza casi el 45%

Estas cifras suponen un incremento del 43,8% a lo largo de los cinco años establecidos. Además, el CRB ha simplificados la formas de pago de las plataformas a los compositores. Las reduce a dos, y se elegirá siempre la de mayor cuantía. La primera de ellas es un porcentaje de los ingresos, mientras que la segunda establece un coste total de contenidos. Este último es el que las plataformas pagan a las discográficas en virtud de los acuerdos a los que llegan, por lo que, en ocasiones, puede ser más beneficioso para los autores que la primera.

Esto reza el cable de la agencia Télam que informa de la decisión. Es importante no sólo por los montos sino porque el negocio de la música pasa en su mayoría por el streaming, lo que implica una mayor regulación en un mercado que parecía sujeto a cierta anarquía. Las consecuencias son varias. No sólo mejores ingresos para los artistas sino un probable incremento de precio en los abonos de estas plataformas. Pero lo más importante consiste en que el modelo podría extenderse a otras áreas con regulación deficiente, específicamente las de video on demand, donde los costos de la producción generan una concentración de la oferta que ha dejado el negocio en pocas manos.

No sólo implicaría mejores ingresos para los artistas sino una probable suba en el precio de los abonos

Solamente hay un problema: en música, un creador puede difundir su obra por sí mismo de una forma más o menos fácil, mientras que el video requiere otra infraestructura, pero se sienta un precedente para derechos de autor y se abre un tipo diferente de negociaciones por contenidos, incluso si sólo parece implicar una mayor transferencia de dinero de los dueños de las plataformas a los creadores de obras o detentores de sus derechos. La medida también incrementa indirectamente la competencia, más allá del porcentaje laudado en estas negociaciones.