Podía creerse que el crecimiento de los servicios de streaming audiovisual implicaba, también, un desarrollo global de la libertad de expresión. En efecto, el hecho de que cada usuario individual elija qué ver y pague por ello es un ejercicio personalísimo que debería estar por encima de cualquier censura o presión de los Estados. Sin embargo, esto no es así: siguiendo una nueva política de total transparencia, Netflix comunicó cuáles han sido los contenidos que debió quitar de sus grillas a pedido de los gobiernos de los países donde opera. La lista puede resultar más o menos sorprendente, dado que cualquier persona con un acceso mediano a Internet puede procurarse (la legalidad es otra cuestión) prácticamente cualquier cosa. Pero con las empresas es diferente.

La lista es grande. En Singapur, por ejemplo, fue retirada La última tentación de Cristo (sí, a treinta y dos años de su realización es aún una película "problemática") por pedido de su gobierno. En Alemania, debió quitarse el clásico de 1968 (una película con más de 50 años, para ser claros) La noche de los muertos vivos, de George Romero, porque aún permanece prohibida por ese estado y la decisión nunca se revirtió. En Nueva Zelanda debió quitarse The Bridge, un documental sobre los intentos de suicidio desde el puente Golden Gate de San Francisco. En Arabia Saudita, se borró un episodio de Patriot Act with Hasan Minhaj donde se criticaba al mandatario de ese país. Y en Brasil, se intentó quitar el especial de Navidad del grupo humorístico Porta dos Fundos donde se presenta a un Jesús en pareja con una travesti. Eso fue revertido y el especial quedó en la grilla, aunque otro especial también paródico del Evangelio realizado por el mismo grupo fue prohibido en Singapur, donde el lobby cristiano es de enorme poder.

Son algunos de los ejemplos. El problema base consiste en saber cuál es el límite de la libertad de expresión. En el caso de Netflix o de cualquier plataforma paga, hay dos derechos que chocan: el del Estado en cuanto a la protección hacia los menores respecto del acceso a ciertos contenidos (el gran tema con la pornografía, de hecho) y que el usuario paga y es perfectamente consciente de qué ver y qué no. Ni siquiera hay una grilla horaria compulsiva -como existe en la TV de aire- que pueda "confundir" al espectador, que ya no es un personaje pasivo sino muy activo. De allí que la cesión a estas presiones, basadas sobre todo en la posibilidad que tiene una multinacional de características bastante especiales de funcionar en ciertos territorios, no dejan de ser preocupantes. Sobre todo cuando el CEO de la compañía, Reed Hastings defendió -especialmente- la "bajada" del episodio de Patriot Act (donde se especulaba sobre la participación del gobierno saudí en la muerte del periodista Jamal Khassogi). "No estamos en el negocio de enfrentar al poder, sino en el de entretener". No es, para nada, una buena noticia.

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