En un reciente informe sobre el Sector Externo, el FMI vertió contundentes consideraciones respecto a las políticas que debería implementar Argentina a fin de mejorar su posición externa. Las mismas nos proveen una idea concreta de los puntos que se están debatiendo para la aprobación de un programa con el Fondo por los US$45 mil millones que nuestro país le adeuda, producto del préstamo Stand-by contraído a mediados de 2018.

El trabajo resalta el éxito de la reestructuración de la deuda en moneda extranjera de 2020 y el alivio que significó en términos de menores pagos en el corto plazo, pero destaca la necesidad de adoptar un programa macro estructural creíble, basado en los siguientes pilares:

  • Consolidación Fiscal: Significativa reducción del déficit cuando termine la pandemia
  • Política Monetaria Prudente
  • Reformas Estructurales
  • Eliminación gradual de los controles de capitales.

Estas políticas conducirían a mantener el superávit comercial, lograr incrementos en reservas y retomar el acceso a los mercados voluntarios de crédito. Ahora bien, ¿cuán cerca está la coalición gobernante de promover e implementar estas medidas? A la luz de los resultados de las PASO, que significaron un duro golpe para el oficialismo, difícilmente se pueda sostener en los próximos meses la austeridad fiscal que mostró Guzmán hasta ahora. Sabemos que la lógica política tiende a prevalecer sobre la racionalidad económica y todo apunta a que el Gobierno incrementará el gasto al menos hasta las elecciones definitivas del 14 de noviembre. Antes de esa fecha no habrá acuerdo posible, y los tiempos de la negociación y de la burocracia postergarán la firma más allá de diciembre. 

Esta dilación obligará al Tesoro a destinar los derechos especiales de giro que posee actualmente, por el equivalente a US$4,9 mil millones, a hacer frente a los pagos que le vencen con el propio Fondo hasta fin de enero y que representan un monto similar.

Luego de esas cancelaciones, le quedarán todavía US$41 mil millones de capital y US$1.7 mil millones de intereses a vencer empezando en febrero de 2022 y terminando en agosto de 2024. Estos son los pagos que deberá renegociar si no quiere entrar en default con el Organismo Internacional.

Con el resultado definitivo de las legislativas, que no creemos cambie mucho respecto de las PASO, difícilmente el gobierno acepte las condiciones requeridas por el FMI, ya que eso significaría incurrir en el costo del ajuste en términos de actividad.

Durante el primer bimestre de 2022 seguramente el gobierno llegará a un acuerdo “bajas calorías”, del tipo Facilidades Extendidas, que le permitirá postergar los pagos a diez años, con 4 años y medio de gracia. La dinámica de las reservas internacionales netas, hoy cercanas a US$6.5 mil millones, podría incluso acelerar el arreglo. El pedido de eliminación de sobretasas que hiciera Guzmán difícilmente encuentre eco en el Board de la Organización, lo que significará que el préstamo devengue una tasa promedio cercana al 2,7%. A cambio, el Gobierno deberá comprometerse a un sendero de consolidación fiscal que lleve el déficit del actual 3,5% a 0% en 3 o 4 años. El Ministro Guzmán afirmó hace unos días que planea reducir el déficit fiscal en base a mayor crecimiento de la actividad e impuestos más progresivos.

Pagos al FMI comparados

Dado que el Fondo no efectuará desembolsos adicionales, deberá aceptar que dicho déficit sea financiado con deuda y emisión, en proporciones que dependerán de la capacidad del Tesoro de financiarse en el mercado. Esto implicará, en consecuencia, que la liberalización de la cuenta capital y financiera deberá esperar.

En cuanto a las reformas, no creemos que se implementen cambios en el ámbito laboral ni en el previsional, tanto por motivos ideológicos como electorales. Tampoco es esperable un compromiso de apertura comercial. En cambio, sí es posible que se introduzca alguna modificación en la estructura tributaria que elimine impuestos distorsivos y simplifique los tributos.

En consecuencia, los próximos dos años de gobierno se avizoran más como una continuidad de 2021, con menor gasto COVID, posiblemente con menos déficit y menos emisión. El nivel de actividad, del tipo de cambio oficial y de las cotizaciones paralelas dependerán fuertemente de los términos de intercambio y de la liquidación de divisas por parte del campo.

*Head of Research de PPI