La economía chilena se levantó rápidamente tras el impacto de la enfermedad del nuevo Coronavirus (COVID-19), pero aún hace falta impulsar reformas que mejoren la baja productividad, amplíen la protección social y aumenten la recaudación fiscal para financiar políticas públicas, afirmó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE).

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y el ministro chileno de Hacienda, Mario Marcel, presentaron hoy viernes en Santiago el undécimo estudio económico sobre Chile desde 2001, el cual incluye recomendaciones para un crecimiento sostenible.

"Chile ha tenido una respuesta sólida y robusta a COVID-19, que lo deja bien posicionado para enfrentar desafíos a futuro. Reformas ambiciosas son ahora necesarias para impulsar futuras leyes, reformar los impuestos y beneficios sociales para crear mejores oportunidades para todos los chilenos", dijo Cormann en una conferencia.

Explicó que las políticas complementarias enfocadas en "aumentar la productividad y la inversión contribuirían a un crecimiento más fuerte, y a generar más empleos e ingresos adicionales para que Chile pueda invertir en un mayor progreso económico y social".

En medio de la implementación de una reforma tributaria en Chile, un proyecto clave para costear el programa de medidas del Gobierno del presidente Gabriel Boric, Cormann destacó la intención del Ejecutivo de elevar los ingresos públicos en cuatro puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) para 2026, unos 12.000 millones de dólares.

"Es ambicioso, pero está al alcance de la mano a través de una reforma tributaria integral", dijo el secretario general de la OCDE.

Cormann indicó en esa línea que las entradas tributarias actuales son "insuficientes" para cumplir con las crecientes demandas sociales de los chilenos, principalmente en salud y educación, dado que representan un 21 por ciento del PIB, por debajo de los países de la OCDE (34 por ciento) y el promedio latinoamericano (28 por ciento).

Entre los motivos de esa baja recaudación mencionó que sólo un 20 por ciento de los chilenos paga impuestos sobre la renta personal, por lo tanto un alza tributaria podría contribuir a financiar políticas dirigidas a reducir la desigualdad en materia de protección social y robustecer las finanzas públicas.

Otro desafío pendiente es el crecimiento de la productividad en el país andino, "que en la última década ha disminuido en vez de ser un motor de desarrollo", dijo Cormann.

De no revertirse esta situación, anclada en la falta de competencia debido a complejos procesos regulatorios y de obtención de licencias, entre otros "cuellos de botella", podría afectar el empleo, la inversión y profundizar aún más la brecha con las economías avanzadas, sostuvo.

"La competencia es clave, ya que entrega incentivos necesarios para innovar y aplicar nuevas tecnologías en las empresas", indicó tras advertir sobre el escaso presupuesto destinado a investigación y desarrollo, por debajo del 1 por ciento en 2019, en comparación al casi 3 por ciento promedio de la OCDE.

Cormann aseguró por otra parte que un tercio de la población chilena "está en riesgo elevado de caer en la pobreza", mientras que la informalidad laboral afecta a un tercio de los habitantes activos del país, que a su vez se encuentran excluidos de las prestaciones sociales.

Bajo esa premisa, instó a las autoridades a prestar atención a los incentivos para la creación y participación de empleos formales, y promover el acceso a educación de alta calidad, como una forma de mejorar la recaudación fiscal y abultar asimismo las pensiones de los chilenos.

De acuerdo con el informe de la OCDE, el ingreso per cápita de Chile ha avanzado hasta ubicarse entre los más altos de los países de América Latina, con instituciones sólidas que han apoyado la estabilidad macroeconómica y el mejoramiento de la calidad de vida en las últimas décadas; sin embargo, persiste una fuerte disparidad en la distribución de los ingresos.

El documento planteó que en ese contexto la economía chilena se recuperó rápidamente de la crisis pandémica y registró un mejor desempeño en comparación a sus pares de Latinoamérica y de la OCDE en 2021, empujada por una inédita transferencia de recursos a la población que ayudaron a compensar la pérdida de empleos e ingresos, pero terminaron recalentando la economía.

La OCDE prevé que el crecimiento en Chile se ralentice al 1,9 por ciento en 2022, en línea con la estimación del Consejo del Banco Central de entre 1,75 y 2,25 por ciento pronosticado para este año.

En cuanto a la inflación creciente, que ha reducido significativamente el poder adquisitivo de los chilenos, la OCDE estimó que debería retornar a su rango objetivo, en torno al 3 por ciento según el Banco Central, a principios de 2024.

El informe afirmó además que las perspectivas de crecimiento de Chile a más largo plazo "dependerán de su capacidad para dar respuesta a los obstáculos estructurales al crecimiento, como la escasa competencia y los bajos niveles de inversión en investigación y desarrollo para promover la innovación".

 


Fuente Xinhua