El Gobierno publicó hoy finalmente el decreto de canje de la deuda pública y consignó el monto a reestructurar bajo ley extranjera y detalló los títulos públicos que ingresarán.

La publicación ocurre en un contexto complicado para los mercados financieros internacionales, que sufren pérdidas históricas por la expansión del coronavirus (Covid-19) en el mundo y el desplome del precio del petróleo.

El decreto 250/2020 estableció en 68.842 millones de dólares el monto nominal máximo de las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los Títulos Públicos emitidos bajo ley extranjera existentes al 12 de febrero de 2020.

Se trata de los bonos Discount, Par y Birad, entre estos el bono a 2117 emitido por Luis Caputo, de acuerdo con el detalle que difundió el Poder Ejecutivo esta madrugada.

El decreto lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El artículo 2 del documento estableció que las prórrogas de jurisdicción sean en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York, Londres, Irlanda del Norte y Tokio.

La renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana será exclusivamente respecto de reclamos que se pudieran producir en las jurisdicciones que se prorroguen, con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen con cargo al presente decreto. 

"Asimismo, no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de los bienes que se detallan en el artículo 3º de la Ley N° 27.544", completó.

En los considerandos del texto, el Gobierno explica que a efectos de resolver la situación de inconsistencia macroeconómica, resulta fundamental implementar políticas de deuda como parte de un programa integral diseñado con el objetivo de recuperar un crecimiento sostenible de la economía y restaurar la sostenibilidad de la deuda pública.

Y amplió que hizo uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, que lo faculta a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública del país.

El Ejecutivo explicó que se encuentra autorizado a contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto de reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen dentro de los límites establecidos.


 

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Juan Manuel Cocco

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