El Gobierno de Entre Ríos salió hoy al cruce del grupo de bonistas que presentó una demanda judicial contra la provincia por haber defaulteado el pago de USD12 millones correspondientes a un título emitido en el 2017 por USD500 millones al 8,75%.

"La Provincia (de Entre Ríos) lamenta que los inversores hayan designado a una firma de abogados de Nueva York como su interlocutor en lugar de un asesor financiero como es práctica de mercado, lo que hubiera facilitado el análisis de las cuentas públicas provinciales entre especialistas en economía y finanzas, y no en litigios", señaló la adminitración de Gustavo Bordet en un comunicado.

El mensaje tuvo lugar luego de que ayer se conociera que un grupo de acreedores, liderados por Beauregarde Holdings LLP, presentara ante la Corte Federal de Manhattan una demanda por el impago de intereses del Bono ER 25, que el distrito busca reestructurar.

Se trata de la primera provincia que es demandada en tribunales internacionales por no haber abonado en tiempo y forma sus compromisos, en el marco de la renegociación de títulos emitidos durante el macrismo de 12 distritos argentinos, de los cuales cuatro lograron ya sortear con éxito un estiramiento en los plazos: Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza, en sintonía con la estrategia de Nación.

Sin embargo, no todas ellas entraron en cesación de pagos -como ocurre también con Buenos Aires o Chaco-, dado que se trata de títulos garantizados con regalías o coparticipación federal de impuestos. Por ejemplo, Córdoba continuó haciendo frente a sus obligaciones mientras renegocia sus pasivos, una estrategia que le evita el riesgo de caer en litigios como ya le ocurrió a Entre Ríos.

En ese sentido, la comunicación oficial entrerriana también lamentó "que (los acreedores) en cada ocasión que han tenido oportunidad han optado por amenazar a la provincia y sus funcionarios con el inicio de acciones legales".

"Esto confirma que la intención de dichos inversores fue siempre la de litigar si la provincia no se rendía a sus amenazas y requerimientos inflexibles en un brevísimo lapso de tiempo", aseguró la provincia que gobierna Gustavo Bordet.

Sin embargo, el grupo de acreedores que inició el litigio -que sostienen representar al 54% de los tenedores del Bono- afirmaron en un comunicado público que la provincia "incumplió con sus obligaciones a pesar de estar en una sólida situación fiscal" ya que "de acuerdo a sus proyecciones presupuestarias, la provincia muestra niveles de endeudamientos robustos y relativamente similares a los del año 2017".

A mediados de diciembre, Entre Ríos hizo su última oferta de reestructuración en la que propuso un nuevo bono con vencimiento en 2030 y que devengará un cupón anual del 2% el primer año (0% era en la propuesta anterior), y luego aumentara hasta el 6,75% (desde agosto de 2024 hasta la fecha de liquidación).

Hoy la provincia de Buenos Aires dio a conocer la prórroga del plazo para adherir al canje de deuda que suma USD7.100 millones, la décimo primera que realiza el distrito bonaerense.

Por su parte, Salta debe abonar el jueves USD16 millones en intereses de un bono de USD350 millones que apunta a cambiar sus condiciones.