El sabor agridulce que dejó el anuncio del viernes del aumento diferenciado en las jubilaciones llevó al Gobierno a apurar la confección de una nueva ley de movilidad para reemplazar a la actual, que se rige en un 70% por el índice de precios y un 30% por salarios y está suspendida desde diciembre.

El titular de la Anses, Alejandro Vanoli, confirmó en una entrevista con BAE Negocios que buscará volver a la fórmula anterior, que estaba conformada en un 50% por recaudación y 50% por remuneraciones de los trabajadores. Sin embargo, este medio pudo saber que la discusión no está saldada ni de lejos y recién ahora comenzará el debate dentro del bloque del Frente de Todos para definir cuál será el nuevo mecanismo. En ese marco, hay varias alternativas en danza para la normativa que el Ejecutivo pretende tener lista antes de junio, y así tener que evitar otorgar otro incremento por decreto que pueda dar origen a juicios.

Por lo pronto, el funcionario irá al Congreso esta semana a hablar con los legisladores del oficialismo y se espera la conformación de la comisión encargada del tema. En ese sentido, el jefe del bloque, Máximo Kirchner, será asesorado durante todo este proceso por el abogado previsional Miguel Fernández Pastor.

Sin embargo, expertos consideran que no hay señales claras de que el Gobierno busque regresar a la fórmula creada en 2008, más bien lo contrario. Es que al suspender el aumento de marzo y reemplazarlo por una suma y porcentaje fijo, el Ejecutivo reconoció que no podía hacer frente a un incremento homogéneo del 11,5% en los haberes, o al menos prefirió hacerlo de manera que el mayor gasto se concentre en los escalones más bajos.

Más aún, la vieja fórmula hubiera arrojado un nivel de jubilaciones superior en caso de que se hubiera mantenido por estos dos años, ya que la mínima estaría en $17.000, es decir, hubiera implicado un mayor gasto fiscal.

Por otro lado, la fórmula anterior se nutría del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que estaba conformado por los activos de las ex AFJP y funcionaba como compensador en momentos de crisis. Ahora, el FGS está desfinanciado y si se quiere volver a la movilidad anterior, deberá recomponerse.

Juicios, en duda

El defensor de la Tercera Edad, Eduardo Semino, cuestionó el nivel de aumentos de jubilaciones y anticipó que pedirá que la Justicia lo declare "inconstitucional", ya que afirmó que "es violatorio de leyes".

Sin embargo, la suerte de esta judicialización no está clara porque dependerá del incremento de junio sea por movilidad o no- y la pérdida que implique para los jubilados de mayor ingreso: el límite que se toma por jurisprudencia es del 15% para considerar una "confiscación". Además, al hacer el aumento por beneficio y no por beneficiario, los abogados entienden que se redujeron las posibilidades de que proliferen los litigios.

Lo cierto es que el cambio de movilidad que el macrismo sancionó al calor de dos jornadas de protestas durísimas fue llevado a tribunales y ahora está en manos de la Corte Suprema definir si declara su inconstitucionalidad y el grado de alcance, lo que aparece como otro frente contra el Gobierno que podría complicar su meta fiscal.

Mientras tanto, el Congreso busca aprobar el proyecto que modifica los regímenes especiales de jueces y diplomáticos, de manera que subirán sus aportes del 11% al 18%.

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Ignacio Ostera

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