El Gobierno se prepara para recibir este lunes los USD4.350 millones correspondientes al reparto de Derechos Especiales de Giro (DEG) que realizará el Fondo Monetario Internacional por cuarta vez en su historia y a partir de la inédita crisis mundial desatada por la pandemia de coronavirus (Covid-19).

El envío de estos recursos permitirán incrementar de un plumazo y en igual cuantía las exigidas reservas internacionales del Banco Central, pero por un tiempo limitado: el ministerio de Economía tiene previsto utilizarlos para cancelar los primeros vencimientos de capital con el organismo de crédito multilateral, que, justamente, suman unos USD3.700 millones en las dos cuotas iguales que recaen en septiembre y diciembre. Así, permitirá ganar algo de tiempo antes de cerrar un nuevo acuerdo con la entidad presidida por Kristalina Georgieva.

Lo cierto es que el desembolso caerá como maná del cielo para las arcas fiscales, ya que no implican un incremento de la deuda, sino que funcionan como una suerte de asiento contable gratuito, más allá de que no pasarán a contabilizarse como recursos propios.

La asignación de los DEG del FMI a sus países miembro será por un total de 650.000 millones de dólares según la cuota que tenga cada nación. Como Argentina tiene apenas el 0,67%, le corresponden unos USD4.350 millones.

Resiliencia Kristalina

Como ocurrió en el 2020 cuando la pandemia le abrió una oportunidad inmejorable a Martín Guzmán para reestructurar la deuda con los privados que había multiplicado el macrismo en sólo tres años, el ministro tiene a su favor en las negociaciones en curso por los USD44.000 millones que deben reprogramarse la apertura que está mostrando el Fondo para rediscutir su política de recargos sobre los préstamos y los plazos de pago, que hoy son de diez años como máximo. Y en este punto la distribución de los DEG también dejó una ventana para la creación de nuevas líneas a la que se espera migrar todo o una parte de la deuda con el organismo.

Un reciente informe de Quantum Finanzas destacó que los países “desarrollados” recibirán el 57,7% del total, unos USD375.000 millones, al tiempo que los emergentes unos USD275.000 millones. De esa parte, China se quedará con USD41.540 millones y Rusia con USD17.580 millones.

Una de las opciones que evalúa la entidad es volcar los DEG que irán a los desarrollados y presumiblemente no utilizarán, hacia el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (PRGT), al que pueden acceder 69 países pobres, una lista que no incluye a Argentina.

Por otro lado, el FMI evalúa un nuevo Fondo de resiliencia, pero pensado para naciones de ingreso medio, que se nutriría con los nuevos DEG de los desarrollados, que podrían prestarlos o donarlos.

“Con el nuevo mecanismo podría ocurrir que el FMI decida desembolsar la mitad y que la otra mitad provenga de la línea RST con algún país/países. Es decir, se reemplazaría el acreedor, pero probablemente no tendría mayores implicancias sobre requerimientos y flujos financieros. En términos de riesgos, este mecanismo le permitiría al FMI reducir su exposición a riesgo argentino”, planteó Quantum.

Esto teniendo en cuenta que el año próximo vencen USD18.000 millones solamente de capital con el organismo, y ante las alarmas que resuenan no sólo en el Gobierno sino también en Washington, donde los tecnócratas están en aprietos: Argentina no sólo es el principal deudor, sino que la magnitud del pasivo es tan grande que ni siquiera es sustentable con un acuerdo a diez años.

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