La rabia del pueblo chileno se siente en las calles de Santiago. Las huellas del estallido social, en octubre pasado, están en cada rincón de pared. En la persiana de un local, donde se lee “muerte al neoliberal”, “paco violador” y “aborto libre”. En la bandera mapuche que cuelga de un balcón. En el llamado a “evadir” pagar el pasaje del Metro pintado en una fuente. En el cartel pegado frente al cerro Santa Lucía o Huelén, según su nombre originario, que denuncia: “Piñera viola los derechos humanos”. Pasaron tres meses de la revuelta popular y Chile dejó de ser el centro de la escena para los medios internacionales, aun así, la movilización continúa y se organiza de distintas maneras de cara al plebiscito de abril en el que se decidirá si se quiere o no una nueva Constitución.

Cerro Santa Lucía

El estallido

“Cabros, esto no prendió”, dijo Clemente Pérez, el expresidente de Metro, en el prime time chileno. Para entonces, el movimiento estudiantil llevaba tres días de protesta bajo la modalidad de evadir pagar el pasaje del subte, que se hizo masiva con el cántico “evadir no pagar, otra forma de luchar”.

Dos días más tarde, una huelga general marcó un hito en la memoria del país. No sólo se trataba de un aumento de 30 pesos chilenos (US$1,16), sino que, como señala la consigna “son 30 años” de permanecer bajo un sistema institucional sostenido por la Carta Magna del dictador Augusto Pinochet y su colaborador Jaime Guzmán. Un sistema en jaque desde el 18 de octubre pasado.

Entonces, el presidente, Sebastián Piñera, declaró el “Estado de Emergencia” y sacó a los militares a las calles por primera vez desde la dictadura. La medida duró entre diez días y un mes dependiendo la zona y las protestas no bajaron su intensidad. Para noviembre, las élites políticas firmaron un “acuerdo de paz” y llamaron a una Constituyente. Ahora, otras formas de organización se tejen.

Santiago arde / no te deja respirar

Han pasado más de 90 días y en Santiago es difícil respirar. Cuanto más cerca se está de la ahora denominada Plaza Dignidad (ex plaza Italia o Baquedano) pica la nariz y se seca la boca. La caminata sobre el asfalto levanta los químicos del gas lacrimógeno que tiran los Carabineros o el líquido amarillo que arrojan los carros lanza agua, allí conocidos como guanacos o zorrillos.

Ese punto de la ciudad es conocido como “zona cero”. Abarca desde La Moneda, el recorrido que va por La Alameda hasta la Plaza y sus alrededores. Es parte del barrio Lastarria, uno de los más coquetos e históricos de la capital chilena, con hoteles boutique y callecitas adoquinadas con restaurantes y bares de moda. Posee, también, un punto panorámico en el cerro Santa Lucía y el Parque Forestal integrado con el río Mapocho, que baja de la Cordillera.

Cada uno de esos lugares tiene una marca que remite al estallido. Una pintada, una denuncia o una foto. La dinámica de la ciudad funciona con normalidad hasta las 18 o 19, cuando se termina el horario laboral. Al salir del aeropuerto el taxista advierte sobre esto. Dice que es mejor no andar solas. Que hay protestas, semáforos rotos y eso colapsa el tránsito.

Las pintadas son el recuerdo constante de los motivos para seguir los reclamos

En el Santiago actual, la Plaza Dignidad es el campo de disputa. El centro neurálgico de las marchas, de los recitales donde se canta a El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara, y donde se celebró el año nuevo. “El hecho me violenta, me fuerza a tragar humillación a chorros”, escribió el analista político Roberto Méndez en el diario La Tercera, para expresar su repudio a esta plaza “tomada”.

Muchos de los comerciantes de los locales de los alrededores prefieren no hablar sobre el tema. Tienen la cara cansada.

Quizá sea por el agotamiento que mermó la intensidad de la protesta, entonces, quienes están allí, son las primeras, segundas y hasta terceras líneas de resistencia. Grupos de jóvenes (varones y mujeres), adolescentes, la mayoría de sectores populares, que guardan el espacio. Portan escudos, máscaras o capuchas y antiparras y se ubican frente a Carabineros para que los gases y las balas no peguen en el resto de las y los asistentes a la movilización de cada viernes.

Diego Augusto, tiene 30 años y está desempleado hace dos meses. Mira cómo avanza la policía sin inmutarse. Es primera línea y cuenta que está allí para apoyar a quienes se quieren manifestar. “No se ve una solución pronta al conflicto. Se fue de las manos, hay gran cantidad de gente disconforme”, comenta BAE Negocios sobre lo que sucede ahora en su país.

“Ver a un primera línea es como ver a Superman”, dice Sofía Pacheco, exmilitante de la Juventud Comunista y Milicias Rodriguistas ahora terapeuta en medicina alternativa, segundos antes de salir corriendo por la calle Lastarria para evitar un chorro de líquido amarillo que arroja un guanaco. Lastarria es una especie de oasis donde Carabineros no ingresa. De todos modos, se escuchan gritos: “Paco culiao”, es el más típico.

Valentina Villanueva, estudiante de Historia en la Universidad Católica, atiende la librería Alejandría, ubicada en la esquina de este barrio. “Se siente incertidumbre y también rabia”, dice sobre las sensaciones que tiene desde la revuelta popular.

“Incertidumbre porque desde el 18 de octubre cambió cómo nos relacionamos públicamente. Se ha mostrado una violencia muy abierta, en las paradas de bus, en la calle, con las barricadas. Y rabia porque a pesar de todos los tipos de manifestación, sea violenta o pacífica, no se han logrado las demandas importantes”, sostiene. Y enumera: educación, salud y pensiones, todos servicios privatizados. Y en general “más vías de acceso a la democracia”.

–¿Pensás que el proceso Constituyente puede responder a esto?
–Sí. La Constitución la eligió una comisión pequeña, de un tirano, y fue ratificada luego por distintos gobiernos -hace gesto de comillas- “democráticos” pero sin una real consulta a la ciudadanía.

En Lastarria, la gente toma cerveza, mira y compra artesanías hasta la intersección con Merced, desde donde se divisa el Parque Forestal. Para Villanueva, a veces es necesario volver a la rutina: “Quizá volver a la cotidianidad es un refugio, una medida de protección para algunas personas porque la crisis nos ha afectado emocionalmente”.

Desde el Parque Forestal se puede ingresar a la plaza “por atrás”. De los árboles cuelga una intervención de ojos negros hechos de cartulina con hilos rojos que simulan sangre. Representan las heridas oculares durante la represión, que ya suman más de 400, según el INDH.

Ante la policía hay quienes prefieren alejarse. Otras, toman un pañuelo y se tapan la cara y avanzan.

Tras el intento fallido de llegar hasta la plaza Sofía cuenta que en este tiempo comenzó a sufrir insomnio y, entre otros síntomas, le acabaron por diagnosticar estrés y shock postdictadura. Camina más lento y habla como con un nudo en la garganta. “Nunca había estado orgullosa de mi país, hoy sí lo estoy”, llega a pronunciar y se pone a llorar.

Las paredes hablan

Si se quiere tomar un colectivo hoy se le pide permiso al chofer y es posible viajar sin pagar. La evasión se ha naturalizado. Si se quiere saber qué sucede en Plaza Dignidad un grupo audiovisual transmite desde lo alto de un edificio casi a diario. La mayoría de los locales de La Alameda están cerrados un sábado.

En la caminata es usual cruzarse con personas como “armadas”: escudo, casco, pechera, canilleras gigantes, máscara y antiparras. Es una chica y tiene la identificación de la Cruz Roja en el casco.

Sobre la avenida el famoso Cine Arte Alameda yace incendiado, aparentemente a causa de una bomba lacrimógena. Una cortina metálica con los hierros retorcidos cierra el ingreso a lo que ahora se ha convertido en un puesto de primeros auxilios. No es el único, a la vera del río, el Teatro Municipal El Puente es sede de la Cruz Roja.

Turistas caminan y sacan fotos al paredón enorme del GAM intervenido con consignas, dibujos y nombres de las víctimas. Un vendedor ambulante advierte que si vas a la “zona cero” el agua de los guanacos tiene soda cáustica, lo que ha generado quemaduras severas en varias personas durante las protestas.

El museo GAM fue hito arquitectónico latinoamericano y contiene parte de la historia reciente de Chile. Fue fundado por Salvador Allende en 1972; fue centro de operaciones de la Junta Militar durante la dictadura y, desde 1989, funcionó como centro cultural. En 2006 un incendio destruyó parte de la construcción y el gobierno de Michelle Bachelet lo reinauguró en 2010.

En la parada del colectivo un joven y dos señoras en silencio miran el paredón. Jaime Sánchez, contador y auditor de 32 años, está con su mamá y su tía que llegaron de visita desde La Serena. “Ojalá esto se mantuviera, hay mucho arte. Ahí, por ejemplo, está Camilo Catrillanca, comunero mapuche asesinado en 2018”, señala.

Lastarria es una especie de oasis donde no entra Carabineros

Sánchez cuenta que “siempre” había soñado con este momento, que no pensó que se iba a dar. “Fue una alegría cuando como pueblo despertamos, nos pudimos revelar ante todas las injusticias. Hubo miedo e incertidumbre cuando estaban los militares en la calle. Y después de tanta represión por parte de Carabineros, la tristeza de ver a muchos compañeros mutilados, torturados”, cuenta.

Pese a ello, cada vez que sale del trabajo va a manifestarse junto con sus compañeros. “Siento que no han respondido a las demandas principales, puro parche. Y la Constituyente tampoco me gustó cómo se cocinó, pero voy a ir a votar. No puede haber una Constitución que rige desde la dictadura”.

En la noche del fin de semana se oye que en el departamento de otro edificio hay una fiesta. Suena reggaetón, las sombras desde la ventana bailan. Y de pronto un “el que no salta es paco”, hace a todos saltar.

La organización popular

Al poco tiempo del estallido, distintos grupos llamaron a la organización barrial, autónoma de los partidos, diversa, horizontal y feminista. La Coordinadora de Asambleas Populares nuclea estos espacios. Están las separatistas, con sólo mujeres y diversidades, y las hay mixtas, que permiten varones. Están en Santiago, Valparaíso, Concepción, Los Ángeles, Talca, Arica y Antofagasta, entre otros lugares.

Gemma Montiel, docente, feminista e integrante de la asamblea del barrio Yungay, Santiago, analiza esta articulación: “El movimiento es absolutamente social, no hay representación partidaria y la gente que participa no quiere saber nada con ellos. No se le cree a nadie”.

Montiel duda de que se cumpla con la Constituyente e insiste en que la institucionalidad que rige hasta ahora es lo que quieren erradicar: “Queremos una Asamblea Popular Constituyente feminista, hecha desde el pueblo”.

Encuentro de las que luchan

En el fin de semana del 10 al 13 de enero se llevó a cabo en la Universidad de Santiago el II Encuentro Plurinacional de las que Luchan. Allí, unas cuatro mil mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries que llegaron desde distintos puntos del país y de otras latitudes, llamaron a una huelga nacional -con réplica mundial- para el próximo 8 de marzo. La consigna: “Una mujer, una barricada”, en una movilización levanta las demandas sociales bajo el reclamo de que renuncie Piñera.

“Nos hemos salido de la ciudadanía, del pacto social”, dice Verónica Ávila, activista participante del Encuentro. Ella, como muchas otras personas, se refiere al periodo iniciado en 1990 con la transición como “postdictadura”. “Es un proceso destituyente que comenzó ahora un proceso Constituyente, de producir una nueva vida, un nunca más de verdad”.

El Congreso

El oficialismo junto con parte de la oposición ha firmado el acuerdo por la paz y ha aprobado el calendario que abrirá el proceso Constituyente. El plebiscito será el 26 de abril y preguntará también qué modalidad se implementará: una convención constituyente sólo con parlamentarios o si se dará lugar a la ciudadanía en una convención mixta.También han dado aval a una serie de normas del Ejecutivo. Son las leyes conocidas popularmente como: antiprotesta, antibarricadas y antiencapuchados. Todas agravan las penas en caso de “alteración del orden público”. De la misma manera, corre la ley “aula segura”, que da la posibilidad a directivos de escuela de expulsar a personas “involucradas en actos de violencia”.

En este tiempo, parte de los partidos de oposición como el Partido Comunista y el Frente Amplio buscaron sin suerte que Parlamento iniciara a Piñera un juicio político por violaciones a los derechos humanos. Hechos, sobre todo, cometidos durante el Estado de Emergencia. Al momento, sólo fue separado el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, inhabilitado para tomar cargos públicos durante cinco años.