Existe ya un relativo consenso, que abarca incluso a buena parte de la derecha, en considerar que lo que sucedió en Bolivia el pasado 10 de noviembre fue un golpe de Estado. Eso, sin embargo, abre otra serie de interrogantes. ¿Se trató de un nuevo caso de los llamados "golpes blandos" que sacudieron al continente en los últimos años? ¿Representa una vuelta a los golpes tradicionales del siglo XX? ¿No es ni lo uno ni lo otro sino un acontecimiento novedoso para la región?

En los últimos años, se ha dado en caracterizar como "golpes blandos" a situaciones de ruptura del orden constitucional que no se dan a través de una participación activa o directa de las Fuerzas Armadas sino mediante vías institucionales y con el mantenimiento de ciertos organismos democráticos como el Congreso o la Corte Suprema. Los académicos agregan que estos "neogolpes", como también se los llama, suelen nutrirse del accionar de los mercados, de los medios de comunicación y/o de protestas callejeras.

Festejos por la destitución de Dilma Roussef que abrió paso a la presidencia de Bolsonaro

Muchos inscriben dentro de este grupo a los golpes parlamentarios de Paraguay en 2012 y Brasil en 2016. En el primero, Fernando Lugo fue sometido a un proceso de juicio político que duró, en total, nada más que tres días. En el segundo, Dilma Rousseff fue acusada de un delito del cual era dudosamente responsable y que difícilmente podía justificar una destitución sin juicio civil o penal previo: una supuesta violación de normas presupuestarias. ¿Puede el caso de Bolivia ubicarse dentro de este grupo?

Los militares reaparecen

El domingo 10 de noviembre a las 15:48 (hora local), el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas, Williams Kaliman, ofreció una conferencia de prensa en La Paz rodeado de toda la cúpula militar para decir que “luego de analizar la situación interna, sugerimos al Presidente que renuncie a su mandato permitiendo la pacificación por el bien de nuestra Bolivia”. Poco más de una hora después, Evo Morales y Álvaro García Linera, en medio de grandes protestas que cuestionaban la legalidad de las elecciones celebradas 20 días antes, anunciaban públicamente su renuncia a la jefatura y vicejefatura del Estado.

“Es algo distinto a lo de Brasil o Paraguay”, afirma Sol Prieto, doctora en Ciencia Política (UBA). “Esto se asemeja más a un golpe clásico como los del siglo XX y no a un golpe blando”, describe en relación a la participación de los militares en la salida del poder del primer mandatario.

Chile contra Piñera

Atilio Borón, sociólogo especializado en estudios latinoamericanos, coincide en que “es la reencarnación del viejo golpe militar-policial clásico” porque en esta ocasión “no hubo lawfare ni juicio político sino que el jefe de las Fuerzas Armadas le dijo a Morales ‘tiene que irse’”. “Acá hubo un regreso de 50 años a los golpes tradicionales, una revisión de una práctica que parece desterrada pero que en el caso de Bolivia sigue vigente”, grafica.

María Esperanza Casullo, politóloga de la Universidad de Georgetown, también cree que este fue “un golpe de la vieja usanza”, y añade a la discusión la cuestión del gobierno de facto. Según ella, hay un consenso total entre los politólogos, aun entre los pocos que no creen que haya habido un golpe de Estado en Bolivia, respecto de que el actual régimen presidido por Jeanine Áñez es precisamente un gobierno de facto, bajo la premisa de que se mantiene en el poder básicamente por el uso de la fuerza.

“Parece que estamos viendo un retorno en la modalidad (del golpe) en la que las clases políticas buscan en las Fuerzas armadas la resolución de los conflictos políticos”, considera Casullo en este sentido.

Dilma, destituida por el Parlamento

Para Borón, se puede ver justamente un avance de la participación de las Fuerzas Armadas en la política interna en algunos países de la región. Al caso “escandaloso” de Bolivia, agrega Brasil, donde este proceso se está produciendo pero con “mucha más cautela”.

Prieto, por su parte, pone el ojo en el rol de la policía, que también se amotinó contra Morales en varias ciudades. “Están teniendo un rol en política interna que antes no tenían”, afirma. Y pone de ejemplo la rebelión policial contra Rafael Correa en Ecuador en 2010.

Lo que Bolivia nos depara

¿Qué riesgos encarna para el resto de la región el golpe de Estado contra Evo Morales? Casullo alerta sobre el posible “efecto imitación” que puede generarse si se reconoce al gobierno de Áñez y no hay sanciones al respecto. “Si se transforma en statu quo los demás actores van a ver que algo que hasta ahora no era posible de pronto lo es”, considera.

Áñez, investida por las Fuerzas Armadas

Prieto lo describe como la apertura a un nuevo y perverso “doble juego”: “Si reconoce al nuevo gobierno boliviano, la comunidad internacional está habilitando no solo la competencia electoral sino también el cambio de régimen, lo que va en detrimento de la democracia”. Y agrega que este escenario es especialmente plausible debido a que “desde hace tiempo no hay mecanismos de coordinación regional o política en la región, lo que pone a América latina en desventaja respecto de la Unión Europea, por ejemplo”.

Uno de estos “mecanismos”, la Unasur, tuvo su virtual certificado de defunción en los primeros meses de este año, cuando Argentina, Chile, Ecuador, Brasil y Paraguay se retiraron del organismo. Sumando la autosuspensión de Perú y el retiro de Colombia en 2018, esto dejó a la otrora organización emblema de la izquierda latinoamericana como un esqueleto raquítico integrado, hasta el derrocamiento de Morales, solo por Bolivia, Venezuela, Uruguay y las guyanas. En cambio, los países que se fueron se realinearon formalmente en el Prosur e informalmente en el Grupo de Lima, originalmente creado en 2017 para “condenar la ruptura democrática” ocasionada por Nicolás Maduro en Venezuela. Varias de estas naciones reconocieron a Áñez como la legítima presidenta interina de Bolivia: Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Guatemala, además de Estados Unidos. Tanto o más preocupante resulta su reconocimiento por parte de Luis Almagro, secretario general de la OEA, como “presidenta del gobierno provisional de Bolivia”.

A pesar de este escenario, Borón considera que América latina esta viviendo un proceso de “crisis terminal del modelo neoliberal”, que se ve reflejado en las enormes movilizaciones callejeras que se produjeron en Chile, Ecuador y Colombia en los últimos meses. Para el sociólogo, hay que entender al golpe como una “reacción” a este agotamiento del neoliberalismo que se evidenció en Bolivia con el triunfo de Evo Morales en 2006.

¿Y Argentina?

Nuestro país, coinciden ambas politólogas, es por el momento un caso aparte, debido al disminuido poder político que desde hace décadas tienen aquí los militares. “Las Fuerzas Armadas locales están deslegitimadas y ausentes del imaginario social. Nunca un civil se cruza con un militar”, dice Prieto, y explica que “esto se debe a una política sostenida de no injerencia de su parte en la seguridad interior y de pérdida de su nivel presupuestario. Eso solo pasa en Argentina”.

Para Casullo, este poder castrense acotado se debe a que “en los ochenta se hizo un proceso de revisión civil más profundo que en otros países, con el juicio a las Juntas” y otras causas judiciales contra militares.

Sin embargo, ambas creen también que no hay que bajar la guardia. Prieto sostiene que “el que las Fuerzas Armadas no estén en condiciones de perpetrar el golpe no implica que no haya otros actores que puedan desestabilizar”. Casullo, por su parte, cree que “hay sectores en Argentina que van a mirar lo que pasó en Bolivia y van a empezar a pensar si hay algo de su situación” de debilidad o marginalidad “que puedan empezar a revisar a la luz de eso”.

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