Las mujeres en todo el mundo se enfrentan a leyes y regulaciones que limitan sus oportunidades económicas, especialmente frente a los nuevos desafíos causados por la pandemia de COVID-19 en materia de salud, seguridad y protección económica, por lo cual es necesario seguir avanzando en reformas que lleven a una mayor equidad de género. 

Este combo de desigualdad, según informa el Banco Mundial en su publicación Mujer, Empresa y el Derecho 2021, lleva a que en promedio, las mujeres actualmente sólo tengan tres cuartas partes de los derechos reconocidos a los hombres.

El organismo resalta que las mujeres ya se encontraban en desventaja frente a los hombres antes de la pandemia, y las reformas adoptadas para eliminar los obstáculos a la inclusión económica femenina no sólo han sido lentas en muchas regiones, sino también desiguales. 

"Las mujeres deben ser plenamente incluidas en las economías para lograr mejores resultados en materia de desarrollo", explicó David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial. "La pandemia ha acentuado las diferencias existentes que ponen en desventaja a las niñas y las mujeres, en particular bajo la forma de obstáculos para la escolarización y el mantenimiento de empleos. Al mismo tiempo, las mujeres se enfrentan al aumento de la violencia doméstica, y a dificultades en temas de salud y seguridad. Las mujeres deberían tener el mismo acceso a los servicios financieros, los mismos derechos a heredar que los hombres y estar en el centro de nuestros esfuerzos hacia una recuperación inclusiva y resiliente de la pandemia de COVID", agregó el funcionario.

El informe Mujer, Empresa y el Derecho 2021 mide leyes y regulaciones en 8 áreas que afectan las oportunidades económicas de las mujeres en 190 países dentro de un período que va desde septiembre de 2019 a octubre de 2020. Tras el desencadenamiento de la pandemia, el informe también analiza igualmente la respuesta de los gobiernos a la crisis de COVID-19 y cómo el coronavirus afectó a las mujeres en el trabajo y en el hogar, principalmente en lo referente al cuidado de los niños, el acceso a la justicia, la salud y la seguridad.

El informe señala que muchos gobiernos han adoptado medidas para morigerar el impacto de la pandemia en las mujeres trabajadoras. Por ejemplo, menos de una cuarta parte de las economías analizadas por el informe garantizaba por ley a los padres trabajadores alguna licencia para el cuidado de los hijos antes de la aparición del coronavirus. Pero con el cierre de escuelas a nivel global, cerca de 40 economías en todo el mundo establecieron políticas sobre licencias o prestaciones sociales, con el fin de ayudar a los padres en el cuidado de los niños. Con casi cada economía cerrando temporaria o indefinidamente escuelas y guarderías, las madres enfrentaron un incremento del cuidado de chicos, a menudo teniendo que optar entre sus trabajos y sus familias.

Para trabajadores que no pudieron trabajar desde sus hogares -en su mayor parte mujeres- los cierres de escuelas y guarderías fueron particularmente desafiantes. Incluso cuando ambos padres fueron lo suficientemente afortunados de poder trabajar desde sus hogares, los hombres realizaron menos trabajo de cuidado de niños y trabajo no pago que las mujeres. 

La pandemia tuvo una derivación inesperada y muy seria: el aumento de la gravedad y frecuencia de la violencia contra las mujeres. Una investigación preliminar muestra que, desde principios de 2020, los gobiernos adoptaron alrededor de 120 medidas nuevas como líneas de atención telefónica directa, asistencia psicológica y refugios para proteger a las mujeres de la violencia doméstica. Algunos gobiernos también buscaron mejorar el acceso a la justicia de varias maneras, por ejemplo, declarando urgentes los casos de familia durante el confinamiento y autorizando para ellos la utilización de procedimientos judiciales remotos. No obstante, queda un largo camino para el abordaje de las causas fundamentales de la violencia en el hogar.

"Si bien es alentador que muchos países hayan tomado medidas proactivas para ayudar a las mujeres a atravesar la pandemia, está claro que queda mucho por hacer, especialmente en materia de licencia parental e igualdad salarial", expresó Mari Pangestu, directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial. "Los países deben crear un entorno jurídico que mejore la inclusión económica de las mujeres, para que estas puedan tomar las mejores decisiones para ellas y sus familias", recalca la funcionaria.

A pesar de los problemas que trajo la pandemia, se registraron avances en temas como la parentalidad, que es el área con un mayor margen de mejora a nivel mundial de acuerdo con el estudio. Estos avances incluyen la licencia parental remunerada, la administración de los beneficios por parte de los gobiernos y la prohibición del despido de mujeres.

No obstante, todavía son necesarias propuestas para superar las restricciones que enfrentan las mujeres en cuanto a los tipos de trabajos, tareas y horarios en los que pueden desempeñarse, limitaciones que derivan indefectiblemente en empleos menos remunerados. En 100 economías, las leyes no exigen una remuneración igual para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, en tanto que otras 90 sí tienen ese tipo de legislación igualitaria.

Aunque lograr la igualdad jurídica de género requiere un esfuerzo concertado por parte de los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, entre otros, las reformas jurídicas y regulatorias pueden servir como un catalizador importante para mejorar las vidas de las mujeres, sus familias y comunidades. Un mejor desempeño en las áreas medidas por el informe Mujer, Empresa y el Derecho está asociado con la reducción de la brecha de género en resultados en materia de desarrollo, una mayor participación femenina en la fuerza laboral, empleos menos vulnerables y una mayor representación de las mujeres en los parlamentos nacionales.

La remoción de leyes que prohiben a las mujeres desempeñarse en ciertos trabajos no es la única vía legislativa para reducir la brecha de género a nivel salarial; las normas que obligan a los empleadores a proveer a hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo una remuneración igual también es un aspecto crítico. 

El estudio indica que cuando se le dan a las mujeres las mismas oportunidades que a los hombres, ellas ingresan y permanecen en el mercado laboral, fortaleciendo las economías y mejorando el desarrollo. La igualdad de género en la ley también se asocia con mejores resultados a nivel del desarrollo, como por ejemplo menores niveles de empleo vulnerable y de pobreza extrema entre las trabajadoras mujeres.

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Hector Medina

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