La Orden de Abogados de Brasil (OAB) pretende llevar al presidente Jair Bolsonaro a tribunales internacionales por cargos de crímenes de lesa humanidad, debido a lo que consideran una irresponsable conducción en el combate contra la Covid-19,

Según el portal Rede Brasil Atual citado por la agencia Prensa Latina, la Corte Penal Internacional, con sede en Países Bajos, ya condenó en toda su historia a varios líderes mundiales por crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio. La OAB esperará el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que evalúa la gestión del gobierno brasileño ante la pandemia, para remitir las acciones a las magistraturas mundiales.

De acuerdo con el sitio, un equipo de juristas de esa entidad llegó a la conclusión de que Bolsonaro cometió trasgresiones en la lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad.

Negligencia

En tal sentido, se menciona la negligencia en la adquisición de vacunas, minimizar la gravedad de la pandemia, la falta de incentivo para la adopción de medidas restrictivas y la promoción del llamado tratamiento precoz sin evidencia científica comprobada.

Asimismo, resultó indolente en el tratamiento de la crisis en la Amazonia, la falta de diversos insumos y el genocidio indígena, agrega el artículo.

Para la OAB, la omisión e irresponsabilidad por parte del mandatario y su gobierno causaron, hasta el martes, más de 474 mil muertes por Covid-19 en todo el país (actualmente se acercan a 480 mil).

La periodista Mónica Nunes, del portal Conexión Planeta, explica que la Corte Penal Internacional puede tardar meses en decidir si acepta o no una denuncia. Hay unas 800 al año. Si la admite, abre una investigación formal.

Tiempos

Advierte que el proceso es largo, pero resulta imprescindible que las imputaciones sean remitidas en cuanto la postura de Bolsonaro encaje en la clasificación de crímenes abominables.

Nunes asegura que La Haya se ha sentido también conmovida por la situación de los pueblos indígenas de Brasil.

En caso de que el exmilitar sea juzgado y condenado por delitos contemplados en el Estatuto de Roma, esto no ocurrirá, con toda seguridad, antes de que finalice su mandato, en 2022.