Un tribunal de Brasilia aceptó nuevas acusaciones de corrupción formuladas contra el ex presidente Michel Temer, de 78 años, procesado en otras cinco causas e investigado en siete más en el marco de la operación  Lava Jato por supuesta corrupción, lavado de dinero, obstrucción a la justicia y formación de organización criminal.

En el nuevo expediente, Temer está acusado de asociación ilícita y de obstrucción de justicia, cargos que son extensivos a sus ex ministros Eliseu Padilha y Wellington Moreira Franco, dos de sus más cercanos colaboradores durante la gestión que concluyó el 1 de enero pasado, cuando le entregó el poder a Jair Bolsonaro.

Las acusaciones habían sido formuladas por la Fiscalía General a mediados de 2017, pero en ese momento la Cámara de Diputados impidió el necesario desafuero de Temer, así como hizo con otros cargos presentados por el mismo organismo, que no pudo avanzar por la inmunidad de que gozaba el entonces presidente.

Una vez que Temer dejó el cargo, los asuntos por los que había sido denunciado ante la Corte Suprema fueron distribuidos entre los tribunales de la primera instancia penal, que le dieron curso hasta el momento a seis de las trece denuncias presentadas por la Fiscalía.

El juez federal, Marcus Vinicius Reis Bastos,  aceptó los elementos pobratorios presentados por el Ministerio Público en contra del ex mandatario, en un caso que se remonta a mayo de 2017, cuando el entonces presidente de la república firmó un decreto en el que ampliaba de 25 a 35 años el plazo para los contratos de concesión de empresas portuarias Rodrimar, con la posibilidad de renovación para llegar hasta los 70 años.

Por este caso, además de Temer, Padilha y Wellinton Moreira Franco, también fueron procesados el exdiputado federal y exasesor de la Presidencia Rodrigo Rocha Loures, el coronel Joao Baptista Lima,  un socio de Lima y ejecutivos de la empresa Rodrimar.

Las investigaciones apuntan a que Rodrimar habría financiado la carrera política de Temer desde hace más de 20 años.

El ex presidente fue detenido el pasado 21 de marzo acusado de encabezar «una organización criminal» por el desvío de unos 1.800 millones de reales (unos 450 millones de dólares) a lo largo de las últimas tres décadas. Tras pasar cuatro días en prisión, un tribunal de segunda instancia aceptó un habeas corpus de la defensa y liberó a los 10 detenidos.

 

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