La UNI Global Union (UGU) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) difundieron un informe global respecto al apoyo definido por los Gobiernos a los trabajadores durante la pandemia.

Esa mensura comprendió a 181 estados y el destaque lo encabeza la Argentina.

En efecto, el estudio "Covid-19: Una enfermedad ocupacional" de la UGU y la CSI sostuvo que el 98% de los trabajadores del mundo no reciben subsidio por la enfermedad, reemplazo de salario y los beneficios sociales para soportar la crisis del Coronavirus.

Entre los primeros cinco países del ranking se encuentran la Argentina, Austria, Suecia, Francia y España.

El informe clasificó niveles de compensación laboral, programas de seguridad social y sistemas de salud pública en 181 jurisdicciones nacionales y regionales, incluyendo 124 países, 37 estados de Estados Unidos, 13 provincias y territorios canadienses y 7 estados australianos.

La UNI Global Union representa a 20.000.000 de trabajadores de capacidades y servicios en más de 150 países, incluidos 2.000.000 de trabajadores del sector cuidados.

La CSI por su parte es una confederación de centrales sindicales nacionales, tiene 332 organizaciones afiliadas en 163 países y territorios en los 5 continentes y 200.000.000 de afiliados.

De cara al mundo

Respecto al desglose de las jurisdicciones mejor calificadas donde se incluyó a Argentina, también destaca a Massachusetts, New Hampshire y Nueva Jersey por ofrecer el mejor apoyo para los trabajadores afectados por el virus, aunque esos tres estados americanos son el 2 por ciento de la población activa en EE.UU.

"Ello deja a la gran mayoría de trabajadores con provisiones y beneficios limitados si se contagian. A su vez, 98 jurisdicciones reconocen a la Covid-19 como una enfermedad ocupacional a través de un proceso regulatorio formal que permite a los contagiados en el lugar de tareas acceder a protecciones y derechos sociales, como subsidio de enfermedad, atención médica y reemplazo de salario, que de otra forma no tendrían", consideraron los organismos internacionales.

"Aun reconociendo el coronavirus como enfermedad ocupacional, los Gobiernos a menudo niegan los beneficios porque los trabajadores no pueden demostrar que lo contrajeron en el empleo. Para resolver el problema, el 6 por ciento de las jurisdicciones estudiadas adoptaron leyes o políticas para sustentar que la enfermedad se contrajo en el trabajo", afirmó Christy Hoffman, secretaria general de la UGU.

"Los Gobiernos le fallan a los trabajadores de primera línea al obligarlos a asumir cargas físicas, psicológicas y financieras del Covid-19 por su cuenta, y son a menudo mujeres, migrantes y personas de color que no deberían tener que elegir entre su salud personal y financiera", enfatizó para considerar que el reconocimiento de la enfermedad como ocupacional garantizará beneficios y compensaciones.

Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, puntualizó a su vez que los trabajadores de primera línea en pandemia deben tener protección social. "Una recuperación resiliente necesita un nuevo contrato social que ofrezca beneficios y compensaciones", y se pronunció por concretar un Fondo Mundial de Protección Social hacia "la instrumentación de los derechos universales", por lo que exhortó a la Organización Internacional del Trabajo ( OIT) a reconocer el mal como "ocupacional".

Solo diez jurisdicciones (5,5%) recibieron las calificaciones más elevadas, en tanto el subsidio de enfermedad está disponible en 104, lo que significa que casi el 43% de los trabajadores no tiene acceso a la licencia por enfermedad remunerada.

No fue magia

El referente de la CGT Héctor Daer, que además en el plano internacional es el titular de UniAmericas regional de la UGU, consideró que el liderazgo de la Argentina dentro del ranking de países que más apoyo otorgaron a los trabajadores en pandemia "no fue casual sino que representa un logro a partir del trabajo conjunto entre la central obrera y el Gobierno de Alberto Fernández”.

Daer enfatizó que la mirada argentina de protección a los trabajadores "es única en el mundo", y que en este país fue "el que más medidas adoptó para preservar el empleo y cuidar a la población ante el impacto de la Covid-19".

Continuando con el informe de UNI Américas, se resalta que sólo el 6% de las jurisdicciones cubiertas teóricamente cuentan con normas, regulaciones, leyes o políticas que otorgan acceso automático a tratamiento médico e ingresos de sustitución para todos los trabajadores, sin necesidad de aportar pruebas para justificar su derecho a tales prestaciones. No obstante, al considerar al personal sanitario el porcentaje se eleva al 17 por ciento.

También destacan los casos de Alemania y los países nórdicos, en los cuales la legislación existente sobre enfermedades infecciosas supone que los trabajadores que contraigan la COVID-19 tendrán acceso automático a bajas por enfermedad, ingresos de sustitución y atención médica. No hizo falta ningún cambio formal en la legislación para apoyar a los trabajadores. Constituyen algunos de los mejores ejemplos de cómo un país podría prepararse para futuras pandemias, expresa el texto.

Austria fue otro de los países que más hizo por sus trabajadores en la pandemia. Los legisladores modificació n la Ley de Epidemia de 1950 para incluir en sus alcances a la COVID-19, de manera tal que los trabajadores continuaran percibiendo sus haberes mientras se recuperaban del virus en sus hogares.

También Suecia actuó rápidamente haciendo cambios en su legislación en abril del año pasado, lo que permitió dar ingresos adicionales y tratamiento médico a los trabajadores que debieran ausentarse de su labor debido a un posible contagio.

En la región tenemos el ejemplo de Chile,  donde el gobierno direccionó al sistema de seguridad social para reconocer a la COVID-19 como enfermedad laboral. Algo similar ocurrió en Brasil, donde se la reconoció con ese estatus, aunque los trabajadores reportan que es extremadamente difícil acceder a algún beneficio estatal.