Pocas semanas atrás, el presidente estadounidense Joe Biden sacudió el escenario internacional al impulsar un nuevo gravamen que alcanzaría a las empresas multinacionales, que estaría destinado originariamente a financiar la recuperación económica post pandemia, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

Poco después, los ministros de Finanzas del Grupo de los 7 países más industrializados del mundo (el propio Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón) anunciaron haber alcanzado un "consenso histórico" para la fijación de un tipo impositivo mínimo en el Impuesto de Sociedades en sus jurisdicciones, en línea con la propuesta de Biden, para de esta forma terminar con las ventajas fiscales que ofrecen ciertos países para que se radiquen en su territorio grandes firmas multinacionales.

"Nos comprometemos a llegar a una solución equitativa sobre el reparto de los derechos de imposición, concediendo a los países del mercado derechos de imposición sobre al menos el 20% de los beneficios que superen un margen del 10% para las empresas multinacionales más grandes y rentables", señalaba el texto del acuerdo de los titulares de las carteras de Finanzas del G7, que este fin de semana recibió también el apoyo de los líderes de ese poderoso colectivo.

La alícuota estimada del 15%, aunque por encima de lo que cobran países como Irlanda, está por debajo del nivel más bajo de los integrantes G7, pero los especialistas lo ven sólo como un primer paso a fin de lograr más adhesiones a nivel internacional.

Fundamentando la iniciativa del presidente Biden, la Secretaria de Economía de EEUU y exgobernadora de la Reserva Federal de ese país, Janet Yellen, aseguró que el llamado impuesto mínimo global acabará con la competencia tributaria entre distintos países "y garantizará la equidad para la clase media y la gente trabajadora en EEUU y el resto del mundo".

La funcionario hizo un llamamiento para terminar una "carrera de 30 años a la baja en las tasas de impuestos corporativos" para atraer la radicación de multinacionales. Pero en definitiva ¿Porqué se impulsa este nuevo impuesto?

Maniobras

Según explica el sitio español elEconomista, la mayor parte de las grandes multinacionales, sin importar su nación de origen, busca rebajar su factura fiscal con el traslado de sus sedes a países con un trato impositivo más favorable. De esta manera, terminan pagando impuestos en territorios distintos de donde realizan las ventas, y por sumas mucho menores de las que les correspondería.

En este sentido muestra el ejemplo de Apple, que vende sus productos por toda la Unión Europea, pero tiene su sede tributaria en Irlanda. El tipo nominal del Impuesto de Sociedades en este país se sitúa en el 12,5 por ciento.

Y dado que en los últimos años a las empresas cada vez les resulta más fácil mover su sede de facturación, las casas matrices radicadas en países con impuestos más bajos cobran a las filiales en los países donde operan por patentes de medicamentos, software y derechos de propiedad intelectual, deslocalizando el origen de la facturación real, lo que permite a las empresas evitar pagar impuestos más altos en sus países de origen o donde realizan la mayor parte de sus negocios.

El acuerdo del G7 sería de esta forma solamente el primer paso para un plan de largo alcance. Al respecto, elEconomista señala que la OCDE hace años que viene sosteniendo negociaciones fiscales entre 140 países sobre normativas para gravar servicios digitales y frenar la sangría de las bases impositivas. Entre esas normativas, el organismo incluye la posibilidad de establecer un impuesto mínimo corporativo global.

Los países de la OCDE y del G20 pretenden llegar a un acuerdo a mediados de año, pero puede que surjan problemas. EEUU no es partidario de tasas a empresas digitales, las principales de las cuales nacieron en su territorio.

Las negociaciones sobre un impuesto mínimo global son técnicamente más simples y menos polémicas, y en la medida en que efectivamente haya un amplio nivel de acuerdo, será extremadamente difícil para cualquier país con impuestos bajos intentar bloquear el futuro impuesto.

Irlanda ha resistido a los intentos de la Unión Europea de armonizar las normas fiscales y ahora es poco probable que acepte una tasa mínima más alta sin levantar la voz. Y es que su economía ha colectado grandes beneficios derivados de la localización de grandes compañías internacionales en su territorio.

Junto a Suiza, Irlanda intentará que el impuesto mínimo corporativo se acerque lo máximo posible al 12,5% y que se mantengan exenciones para que los tipos efectivos sean de hecho más bajos todavía.

Según las cifras que manejan la OCDE, se espera que el impuesto mínimo corporativo genere entre 50.000 y 80.000 millones de dólares de ingresos adicionales para los países miembros. La nueva tasa impositiva mínima se aplicaría a las ganancias corporativas de las compañías en el extranjero.

Cada país tendrá libertad para mantener sus tipos impositivos, pero si las empresas pagan tasas más bajas en un país en particular, sus gobiernos de origen podrían activar el impuesto mínimo corporativo para eliminar la ventaja de trasladar las ganancias. Todavía queda por definir si estarán afectados fondos de inversión y empresas de bienes raíces.

Tasa Google

De todas maneras, diversas ONG que buscan el establecimiento de sistemas fiscales "más justos" coinciden en que este impuesto mínimo global beneficia a las naciones más ricas en detrimento de las más pobres, según mostró un artículo de la BBC.

"Las decisiones sobre la reforma fiscal internacional deben tomarse en la ONU, a través de un proceso verdaderamente inclusivo en el que todos los países tengan derecho a voto", dijo a BBC Mundo Grazielle David, Coordinadora Global de Cabildeo y Campañas de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ).

"Evidentemente, estas decisiones no pueden ser tomadas por clubes de países ricos, como la OCDE y el G7", añade.

De todas formas, habrá que estar atentos al próximo encuentro que mantendrán los ministros de Finanzas del G20 entre el 9 y el 10 de julio, el que se espera sea clave para visualizar hasta dónde llega el respaldo de los líderes políticos y avanzar en políticas concretas.

Uno de los puntos a resolver en las próximas reuniones será que sucede con la conocida como Tasa Google, el impuesto a determinados servicios digitales al cual se opone Washington, pero que es visto por las autoridades de la UE como uno de los pilares del esquema tributario que caracterizará a la post pandemia.