En medio de las masivas protestas contra el golpe de Estado en Bolivia efectuado contra el gobierno de Evo Morales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) alertó sobre la gravedad del decreto firmado por la presidenta autoproclamada, Jeanine Áñez, que da vía libre a las Fuerzas Armadas para actuar sin tener "responsabilidad penal", al considerar que "estimula la represión violenta".

"La  CIDH alerta para el Decreto Supremo No. 4078 sobre actuación de FF.AA. en Bolivia, de fecha 15 de nov 2019. El Decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FF.AA. que participe en los operativos para reestablecimiento y estabilidad del orden interno", expuso el organismo internacional en sus redes sociales.

Sobre esta línea, profundizó: "El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DD.HH. y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DD.HH.".

En este sentido, agregó que "la CIDH condena cualquier acto administrativo del gobierno de Bolivia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DD.HH., particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales".

El decreto 4078, aprobado el 14 de noviembre con la firma de Áñez y de 11 de sus ministros, establece en su tercer artículo que "el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad".

La norma indica que "las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza" que data del 2005, "pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos", así como también en función del artículo 11 del Código Penal, que establece que están exentos de responsabilidad por legítima defensa, Estado de necesidad y "ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber".

Además, el decreto de Áñez establece que el Estado en su totalidad debe ponerse a disposición de los militares, al indicar que "todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado, de acuerdo a las necesidades, deben prestar el apoyo requerido a las Fuerzas Militares y Policiales".

La CIDH informó que, de acuerdo a datos propios de su Sala Situacional instalada en Bolivia, desde las protestas del viernes "ya hay son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la Policía y Fuerzas Armadas", además de varios periodistas heridos en ejercicio de su profesión. "Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política", remarcó el organismo.

 

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