Brasil regula redes sociales: cómo es Big Tech Bill, el proyecto para proteger a usuarios
Lula da Silva busca posicionar a Brasil como pionero en la región en la regulación de plataformas digitales, al combinar seguridad para los usuarios y sanciones económicas para empresas tecnológicas
El presidente de Brasil, Luiz Inázio “Lula” Da Silva, presentará en el Congreso el proyecto de ley conocido como “Big Tech Bill”, que apunta a regular el contenido en plataformas digitales y a reforzar la protección de usuarios, influencers y figuras públicas frente al uso indebido de su imagen.
La iniciativa incluye dos leyes complementarias. Una fue elaborada por el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Comunicación Social (Secom) y busca controlar estrictamente la difusión de contenidos ilícitos, desde estafas y fraudes hasta discursos de odio y delitos contra menores.
La segunda norma, impulsada por el Ministerio de Finanzas, tiene un enfoque económico: frenar las prácticas anticompetitivas de los gigantes de Silicon Valley como Google, Amazon, Apple, Meta y Microsoft.
El plan de Lula había sido postergado a principios de agosto por cuestiones de agenda, pero ahora se prevé que entre formalmente al Parlamento en los próximos días. Antes, el mandatario pretende que se avance en otra ley clave: la llamada Ley de Adultización, que busca proteger a niños y adolescentes de la ciberdelincuencia.
En materia de seguridad digital, las plataformas con más de tres millones de usuarios deberán reportar periódicamente las medidas tomadas contra publicaciones ilegales. Estas compañías quedarán bajo supervisión de la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), que podrá aplicar sanciones que van desde advertencias y multas hasta la suspensión temporal de servicios, incluso sin orden judicial.
La propuesta también establece el derecho de los usuarios a conocer las acciones aplicadas sobre sus cuentas, a impugnar decisiones y a recibir una respuesta motivada en plazos razonables.
El proyecto del Ministerio de Finanzas establece también sanciones económicas a las plataformas que incurran en delitos como falta de transparencia en motores de búsqueda, tarifas abusivas en tiendas de aplicaciones o ventas atadas de servicios. El objetivo es garantizar una competencia justa y proteger a empresas más pequeñas.

