La Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó legislar una iniciativa que busca indultar por motivos humanitarios a los detenidos durante el estallido social. La propuesta salió adelante por tres votos a dos, con el respaldo de los senadores de oposición promotores del proyecto, entre ellos la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, mientras en contra votaron los representantes de la derecha.

En sesiones previas la comisión escuchó los argumentos a favor o en contra del Poder Judicial, la Fiscalía Nacional, la Defensoría Penal Pública, familiares de los prisioneros y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otros, según destacó el diario Crónica digital.

El proyecto, presentado por cinco senadores de oposición el 10 de diciembre último, prevé tener en cuenta a todos quienes se mantienen presos o fueron imputados o condenados en el marco del estallido social entre el 17 de octubre de 2019 y hasta hoy.

Piñera, en contra de los indultos

El presidente de Chile, Sabastián Piñera, ya se pronunció en varias oportunidades en contra de que se aplique un indulto a quienes participaron de las manifestaciones que comenzaron como una protesta contra la suba del transporte y derivaron en reclamos de modificación constitucional.

Tres semanas atrás, cuando se presentó la iniciativa, el mandatario dijo que "todas las personas que se se pretende indultar lo están por delitos tan graves como el homicidio frustrado, el tráfico de armas, la tenencia ilegal de armamento bélico, uso de molotov, saqueos y atentados al Metro", enumeró.

 “Nuestro gobierno manifiesta su total desacuerdo y oposición con el proyecto de indulto general, y anticipa que en caso que el proyecto avance y de ser necesario, va a utilizar su facultad de veto para impedir su aprobación, porque consideramos que es un mal proyecto y que atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el estado de derecho”, agregó Piñera.

Cuántos presos hay por la revuelta

De acuerdo con la información que brindó la diputada Claudia Mix, que defiende el indulto, como producto de las protestas se produjeron más de 2500 detenciones y aún permanecen cerca de 600 personas presas en diferentes unidades penitenciarias. Y pidió una solución "política".

En esencia, el proyecto plantea que de manera excepcional se decrete la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena cuando corresponda, y se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los Derechos Humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional sobre esta materia.

Los impulsores de la iniciativa aseguran que esta se basa en que las imputaciones de hechos delictivos “acaecieron en un marco anormal de graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos” y que la mayoría de las personas potencialmente beneficiadas serán jóvenes vulnerados en sus derechos sociales y económicos.