Brasil amaneció en estado de conmoción política por la ejecución en el centro de Río de Janeiro con cuatro disparos en la cabeza de la concejal opositora Marielle Franco, una dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) que denunciaba la violencia de la policía en las favelas.

Franco era miembro informante de una comisión en el Concejo Deliberante que investigaba la intervención militar de la seguridad pública de Río de Janeiro decretada por el presidente Michel Temer.

La edil y dirigente social fue acribillada cuando viajaba con su chofer y una asesora en el barrio de Estácio, centro de Río, por desconocidos que viajaban en un automóvil que se colocó en paralelo. La hipótesis de que fue obra de sicarios se robustece ya que no hubo robo.

En un comunicado, el Palacio del Planalto, sede de gobierno, informó que la administración de Michel Temer "acompañará toda la investigación del asesinato de la concejal y de su chofer que la acompañaba en la noche del miércoles en Río de Janeiro" (ver aparte).

La Policía Federal fue puesta a disposición para auxiliar en las investigaciones, algo de lo que hablaron el ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, y el general del Ejército Walter Braga Netto, interventor federal en Río de Janeiro y máximo responsable por la lucha contra el delito.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Torquato Jardim, afirmó que no cambiará la estrategia del gobierno de mantener al Ejército como interventor en la seguridad de Río de Janeiro.

"Fue una tragedia, una tragedia diaria más de Río de Janeiro, es necesario ver las razones y capturar a los responsables", dijo Jardim, durante una intervención en el Foro Económico Mundial de San Pablo.

El PSOL, sin acusar directamente al gobierno, expuso sus sospechas.

"Se le nombró para ser la ponente en la Comisión Municipal sobre la intervención militar en Río de Janeiro, denunció violencia policial y la ejecutaron pocos días después de la denuncia", enumeró Mayra Clara Vitorino, integrante del PSOL en Recife y militante feminista.