El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, el juez Humberto Martins, abrió una investigación para esclarecer si los fiscales de la extinta operación anticorrupción  Lava Jato, intentaron intimidar a magistrados de esa corte y si los investigaron de forma ilegal.

La decisión de Martins llega poco después de que el grupo de fiscales encargados de apurar la mayor trama corrupta de la historia del país pusiera fin a sus actividades en el estado de Paraná, epicentro de sus investigaciones, después de casi siete años en los que mandaron a prisión a importantes políticos y empresarios.

La investigación contra los integrantes de la Lava Jato, que últimamente han recabado críticas de diversos sectores políticos y jurídicos por supuestos excesos en sus acciones, nace a partir de la divulgación de unos mensajes obtenidos por hackers que piratearon los teléfonos de decenas de autoridades.

Entre las presuntas víctimas figuraron el entonces juez Sergio Moro, encargado de los casos de la Lava Jato en primera instancia, y los propios fiscales de la Lava Jato, cuyas investigaciones encontraron ramificaciones en una decena de países de Latinoamérica.

Las conversaciones entre estos fueron parcialmente filtradas por el portal The Intercept, poniendo en tela de juicio algunas de las investigaciones por una presunta falta de imparcialidad, en especial las abiertas contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado dos veces por la Lava Jato.

Los mensajes obtenidos por los hackers sugieren que en esos procesos en los que Lula acabó siendo declarado culpable de corrupción, el juez Moro orientó y hasta coordinó de alguna manera la actuación e investigación de los fiscales, lo cual está estrictamente vetado por la ley.

Sin embargo, la investigación abierta de oficio por el Tribunal Superior de Justicia (STJ en sus siglas en portugués) tiene como base otra serie de mensajes en los que los fiscales de la Lava Jato «habrían sugerido pedir al Fisco un análisis patrimonial» de los jueces miembros de las salas de lo penal de esa corte, sin la previa autorización del Supremo.

El caso será conducido por el propio presidente del STJ, Humberto Martins, y tramitará bajo secreto judicial.