La vicepresidenta Cristina Kirchner fue sobreseída por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi este martes en uno de los tramos de la causa de los cuadernos, que investigaba el otorgamiento irregular de subsidios a los colectivos.

Cristina había sido procesada por este tramo de la causa, pero esa medida fue revocada en junio de 2019 por la Cámara Federal de Apelaciones con las firmas de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que ordenaron que el juez de instrucción siguiera investigando.

Finalmente, Martínez de Gorgi, que subroga el juzgado desde el fallecimiento de Claudio Bonadío en febrero pasado, determinó que la ex presidenta debe ser sobreseída.

El fallo judicial alcanza también a otras aproximadamente 200 personas que estaban involucradas en este tramo de la causa. Tanto ellos como la vicepresidenta estaban imputados por "cohecho pasivo" y por "defraudación contra la administración pública".

Entre los sobreseídos se encuentran también los ex funcionarios de Cristina durante su presidencia Julio De Vido (ex ministro de Planificación), Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime (ambos ex secretarios de Transporte).

Martínez de Giorgi resolvió el sobreseimiento por "falta de pruebas", ya que aseguró que por la "complejidad" del entramado de los subsidios a los colectivos y debido al tiempo transcurrido, es "imposible" esclarecer si hubo delito o no.

La maniobra investigada tenía que ver con el otorgamiento de subsidios al gasoil para empresas de colectivos: lo que se buscó determinar es si el sistema implementado facilitó que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, por ende, se entregaran subsidios superiores a los correspondientes.

Para el juez Bonadio, la supuesta defraudación se había prolongado desde julio de 2003 hasta marzo de 2014, cuando se instalaron GPS en los colectivos y había sido por un monto superior a los 609.000 millones de pesos.

Para Martínez de Giorgi, esa supuesta defraudación no pudo ser probada porque, por ejemplo, no fue posible demostrar las supuestas diferencias entre los kilómetros recorridos por los colectivos y los reportados –por declaración jurada- para percibir los subsidios.

Cuando la expresidenta fue citada a indagatoria por este expediente, cuestionó el trámite de la causa, señaló que las irregularidades investigadas resultaban ajenas a su competencia como presidente de la nación y recordó que había sido su propio gobierno el que instaló los GPS en los colectivos.

Esta semana, la Cámara de Casación Federal deberá resolver en la causa de los Cuadernos, que investiga una supuesta asociación ilícita alrededor de la obra pública llevada a cabo por el Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo, si valida el testimonio de los testigos arrepentidos o no.