El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca se inauguró con un torbellino de órdenes ejecutivas destinadas a transformar radicalmente la política migratoria de Estados Unidos.

En su primer día de mandato, el republicano desplegó su arsenal político y jurídico con una declaración que mezcla épica y alarma: “Como comandante en jefe, mi responsabilidad más alta es defender nuestro país de amenazas e invasiones, y eso es lo que voy a hacer”.

El plan Trump para los inmigrantes combina ingredientes explosivos: mano dura, retórica de guerra y un despliegue de recursos que redefine la frontera entre seguridad nacional y derechos humanos. Resta ver si sus medidas sobreviven al inevitable choque con la Constitución y la opinión pública. Por ahora, lo único claro es que su regreso a la Casa Blanca no será ni sutil ni silencioso.

Con ese preámbulo, Trump desató un paquete de medidas tan audaces como controvertidas. La más explosiva: su intento de terminar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, protegido por la 14ª Enmienda de la Constitución. Según esta, “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos” son automáticamente ciudadanas. El exmandatario, sin embargo, ordenó a las agencias federales negar documentos de ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o de quienes ingresaron al país con visas temporales.

Militarización y emergencia nacional

En paralelo, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur. Ordenó al Departamento de Defensa desplegar tropas “en la cantidad que sea necesaria” para lograr lo que definió como un “control operacional completo”. Además, reanudó la construcción del muro fronterizo con México, un proyecto que su sucesor, Joe Biden, había detenido. También reinstauró el polémico programa “Permanecer en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a aguardar en territorio mexicano mientras sus casos son procesados en EEUU.

Gángsters y terroristas

El flamante presidente apuntó con dureza a los cárteles de droga y pandillas internacionales, ordenando su designación como organizaciones terroristas. Entre los nombres mencionados sobresale el venezolano Tren de Aragua y la temida Mara Salvatrucha (MS-13). Según los analistas, esta estrategia pretende justificar expulsiones bajo la Ley de Extranjeros y Sedición de 1798, una reliquia legislativa que Trump desempolvó con objetivos polémicos.

La eliminación del asilo y los refugiados

Otra de las medidas radicales fue la suspensión de las leyes de asilo. Trump autorizó expulsiones inmediatas en la frontera, argumentando una “invasión” que, según él, amenaza la seguridad nacional y la salud pública. A esto se suma el congelamiento del Programa de Admisión de Refugiados, una política que su antecesor Joe Biden había revitalizado tras los recortes drásticos de la primera administración Trump.

Fin de la era Biden

Con precisión quirúrgica, Trump comenzó a desmantelar las políticas migratorias de Biden. En su lista negra figura una app diseñada para gestionar citas de asilo desde México y un programa que permitía a inmigrantes de países como Cuba y Venezuela ingresar legalmente con patrocinadores estadounidenses. Según estimaciones, cerca de 270.000 personas quedaron varadas al interrumpirse estos procedimientos.

La sombra del litigio

Las órdenes de Trump enfrentan una andanada de desafíos legales. Horas después de anunciar su cruzada contra la ciudadanía por nacimiento, organizaciones como la ACLU presentaron demandas en tribunales federales. No obstante, el flamante presidente, acostumbrado a las batallas judiciales, parece dispuesto a llevar esta lucha al límite.