El estallido social que vive Chile desde hace casi una semana tiene profundas motivaciones estructurales. El aumento de 800 a 830 pesos chilenos en el pasaje de hora pico del metro de Santiago, el más caro de toda América Latina con un valor de US$1,1, fue sólo la punta del iceberg que detonó un conflicto sin precedentes en el país modelo para el neoliberalismo regional, que bajó un manto de estabilidad macro y crecimiento económico escondió durante décadas una estructura social desigual como muy pocas en el mundo y rígidamente estratificada.

El tarifazo que impulsó las protestas la semana pasada implicaba aumentar los boletos casi 4% de un día para el otro, el doble de lo que acumuló la inflación en los últimos doce meses en el país vecino. Se sumaba a la suba del 10,5% en las facturas de luz autorizadas a principios de octubre. Pero la suspensión de la medida anunciada por el presidente Sebastián Piñera el sábado lejos estuvo de aplacar las manifestaciones masivas, que ya se habían extendido a otras grandes ciudades del país. Entre el toque de queda y con más de 15 muertos, el fundamento de los reclamos que hoy jaquean al mandatario va más allá.

Espejo donde el establishment criollo buscó respuestas durante las últimas décadas, Chile luce indicadores macro hoy inalcanzables para Argentina. Una inflación mensual del 0,1% en septiembre y del 2,1% interanual, ubicada incluso por debajo de la meta del Banco Central chileno del 3%, y un crecimiento de la actividad económica del 3,7% interanual en agosto contrastan con el IPC del 5,9% mensual y del 53,5% interanual y un PBI que acumulará su segunda caída anual consecutiva de este lado de la cordillera.

Pero por detrás se consolidó una profunda inequidad social. Según datos del Banco Mundial, Chile es el séptimo país más desigual del mundo, en un top ten dominado hegemonizado por estados latinoamericanos y africanos. Su índice de Gini, un indicador de distribución del ingreso, donde 0 implica igualdad absoluta y 1 desigualdad absoluta, era en 2017 de 0,45 y se ubicaba en línea con el promedio regional.

Sin embargo, un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) remarcó que el país trasandino tiene una "alta concentración de la riqueza", considerada como el conjunto de los activos físicos y financieros. Allí, las diferencias son aún más profundas que en los ingresos. Mientras que el 50% de los hogares menos favorecidos tenía, aquel año, sólo el 2,1% de la riqueza neta del país, el 10% más rico concentraba dos terceras partes y el 1% más rico, el 26,5%. Por eso, el índice de Gini de los activos totales asciende a un valor cercano a 0,72.

La contracara de esa realidad es el muy elevado nivel de endeudamiento de las familias necesario para acceder al consumo y también a servicios esenciales como la salud y la educación, que están casi absolutamente privatizados. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas chileno, más del 70% de los hogares chilenos está endeudado. Además, debido a la imposibilidad de afrontar esos compromisos, hay 4,6 millones de deudores morosos por un monto promedio de US$2.500, de acuerdo a un informe de la Universidad San Sebastián.

"Como problemas subyacentes, hay un sistema educativo, de salud y de pensiones que están muy estratificados porque están muy mercantilizados. Hay planes diferenciados según donde te encuentres. Un joven de clase media que accede a la universidad se convierte en una carga enorme porque implica un endeudamiento grande que pesa durante por lo menos una década. Y las universidades públicas también son carísimas", describió el analista internacional Martín Schapiro.

Otro foco de descontento social es el sistema previsional de capitalización dominado por las Administradoras de Fondos de Pensiones ( AFP), un equivalente a las AFJP argentinas, que administran e invierten en el mercado especulativo unos US$220.000 millones, el 75% del PBI chileno. Pese a las promesas de Piñera sobre una jubilación que supere el 70% de los ingresos previos al retiro, hoy esa tasa de retorno no llega al 40% en promedio. Así, la mitad de los jubilados cobra menos de US$250, en un país donde el costo de vida es semejante al de Europa occidental.

"Entre los asalariados, el acceso a bienes está muy condicionado por el endeudamiento. Esto se incrementó en los últimos cinco años, como estímulo al consumo para empujar el crecimiento. Porque la etapa de expansión más genuina está quedando atrás; el modelo choca con sus propios límites. Un modelo exportador que fue muy fuerte pero ligado únicamente a la riqueza de los recursos naturales, que tiene un techo. Chile puede seguir creciendo pero no a las tasas altísimas de las décadas anteriores", agregó Schapiro.

Este cuadro estructural generó las condiciones para un estallido social sin precedentes en la posdictadura chilena. Un conflicto que, a pesar de la militarización del país, no parece dar tregua.

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