La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en segunda instancia y giró al Senado el proyecto de ley de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones propuesta por el Gobierno de Jair Bolsonaro, y que es la gran apuesta para reactivar la economía brasileña.

La segunda de las votaciones necesarias para la aprobación del texto que define el marco general de la reforma concluyó ayer por la madrugada, con el respaldo de 370 diputados, frente al rechazo de 124 y una abstención.

La reforma, que endurece el acceso a las jubilaciones en busca de un ahorro fiscal equivalente a unos US$251.000 millones en diez años, es criticada por sindicatos, organizaciones sociales y partidos de oposición.

En la primera votación, el pasado 10 de julio, 379 parlamentarios lo hicieron a favor y 131 se manifestaron en contra.

Mientras los diputados deliberaban, se realizaron protestas en distintos puntos del país, convocadas por los sindicatos y movimientos sociales, una de ellas con una concentración en la Avenida Paulista de Sao Paulo, considerada el corazón financiero del país.

Para su aprobación en segunda instancia, la propuesta del equipo económico de Bolsonaro necesitaba superar los tres quintos necesarios (308 de 513 votos) que exige una enmienda constitucional, cuyo trámite parlamentario es engorroso y requiere diversas votaciones.

Mientras los diputados deliberaban, se realizaron protestas en distintos puntos del país

El titular de la Cámara baja, Rodrigo Maia, justificó la pérdida de votos a favor, en comparación con la primera votación de julio, y consideró que obedeció a que muchos diputados estaban de viaje y no consiguieron llegar el martes a Brasilia. En total, fueron 18 de los 513 congresistas los que estuvieron ausentes en la sesión.

En la votación, que duró más de seis horas, la oposición intentó, sin éxito, aplazar la decisión mediante pedidos que fueron rechazados por la mayoría de congresistas.

El marco legal de la reforma todavía puede ser objeto de alteraciones, pues los diputados deberán definir ahora la situación en que quedarán algunos sectores específicos.

Entre ellos, el sector gobernante insiste en que la reforma alcance los ámbitos municipales y regionales, que fueron excluidos de la versión aprobada en julio, pese a que estaban en el proyecto original.

Mientras los diputados deliberaban, se realizaron varias protestas en el país, convocadas por los sindicatos y movimientos sociales, una de ellas con una concentración en la Avenida Paulista de Sao Paulo, considerada el corazón financiero del país y donde también este lunes centenas de personas se manifestaron en contra.

La reforma es la gran apuesta del gobierno para intentar recomponer una economía que entre 2015 y 2016 perdió siete puntos porcentuales de su PIB, que creció a un ritmo insuficiente del 1% anual en 2017 y 2018 y que este año se teme que pueda volver a caer en una recesión.

Mediante la reforma, el proyecto pretende reducir el gasto con un sistema de pensiones que el Gobierno considera "quebrado", acabar con un crónico déficit del sector público y liberar recursos para la inversión en áreas claves. Para lograr esa meta, el proyecto plantea una edad mínima para el acceso a la jubilación, que hasta ahora no era requisito en Brasil y que sería de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres.

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