El Gobierno de Donald Trump está cerca de completar un nuevo plan de "compre estadounidense", que impulsa a militares y diplomáticos del país a fomentar más ventas de armas al exterior, ampliando la asistencia que brindan actualmente a gobiernos de todo el mundo.

De acuerdo con un cable de la agencia Reuters, Trump anunciaría en febrero un esfuerzo "de todo el Gobierno" para relajar las normas de exportación para las compras extranjeras de equipamiento militar fabricado en Estados Unidos, desde aviones de combate y drones hasta buques de guerra y artillería, según fuentes con conocimiento del programa.

El mandatario apunta a cumplir la promesa de campaña del 2016 de crear empleos en Estados Unidos vendiendo más bienes y servicios al exterior, para reducir el déficit de la balanza comercial. El Gobierno también está bajo presión de contratistas del área de defensa que enfrentan cada vez más competencia de China y Rusia.

Pero cualquier alivio en las restricciones a la venta de la industria armamentista desafiaría los derechos humanos y el control de armas, y podría avivar la violencia en regiones como Oriente Medio y el sur de Asia o habilitar el uso de dicho material bélico para ataques terroristas.

Este esfuerzo del Gobierno a favor de los fabricantes de armas estadounidenses, junto con menores restricciones a las exportaciones de armas y tratados más favorables de ventas a países no aliados y socios de la OTAN, podría generar miles de millones de dólares adicionales en acuerdos y más empleos, dijo un funcionario de Washington, sin dar más detalles.

La estrategia de que el Pentágono y el Departamento de Estado estadounidense tengan un rol más activo en respaldar los acuerdos internacionales de venta de armas podría beneficiar especialmente a importantes contratistas locales del área de defensa, como Lockheed Martin y Boeing Co.

Un funcionario del Departamento de Estado a quien se le pidió que confirme detalles de la nueva política, dijo que la reforma proyectada "da a nuestros socios mayor capacidad para ayudar a compartir la carga de la seguridad internacional, beneficia a la industria de defensa y brindará más empleos buenos a los trabajadores estadounidenses".

La Casa Blanca y el Pentágono rechazaron realizar comentarios.

En tanto, un analista de seguridad nacional dijo que aliviar las restricciones a las exportaciones para permitir a los contratistas de material de defensa tener más ganancias a nivel internacional, aumentaría el riesgo de que armas estadounidenses de primer nivel lleguen a gobiernos con nefastos indicadores de derechos humanos o sean usadas por militantes extremistas.

"Esta administración ha demostrado desde el comienzo que los derechos humanos han quedado rezagados ante las preocupaciones económicas", dijo Rachel Stohl, directora del programa de defensa convencional del Centro Stimson en Washington. "Y la cortedad de miras de la nueva política de exportación de armas podría tener implicaciones serias a largo plazo", agregó.

Las ventas militares al exterior en el año fiscal 2017, treparon a 42 mil millones de dólares, desde 31 mil millones de dólares el año previo, según la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa de Estados Unidos.