El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, envió a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente un proyecto de reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, como parte de un acuerdo alcanzado en agosto de 2020 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para proteger la dolarización. 

 "Uno de los objetivos de este proyecto es dotar de autonomía técnica al Banco Central del Ecuador para evitar manejos políticos e irresponsables que busquen utilizar las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado", precisó en el contexto de la transición electoral en la que el favorito es un opositor interno, Andrés Arauz

Añadió que de esta manera se buscará proteger los recursos del sector público, y sobre todo de los ciudadanos, que se encuentran depositados en el Banco Central de Ecuador.

La propuesta legal, asimismo, dota al Banco Central de un directorio conformado por cinco miembros, que serán profesionales técnicos y especializados en asuntos monetarios y financieros, y sin conflicto de intereses.

Además, con esta reforma se recuperarán los cuatro sistemas del balance de la entidad, para garantizar el debido respaldo de las reservas internacionales a los depósitos que se tengan en el Banco Central, y se implementarán mejoras en la supervisión del sistema financiero y de la economía popular, en beneficio de los depositantes y la estabilidad del sistema financiero nacional, siguiendo la pieza informativa.

Acuerdo con el FMI

La propuesta forma parte de un acuerdo técnico alcanzado en agosto de 2020 con el Fondo Monetario Internacional para acceder a financiamiento por 6.500 millones de dólares a 27 meses, atado al cumplimiento de compromisos por parte del actual Gobierno y del nuevo, que asumirá el 24 de mayo próximo, en las áreas de transparencia, dolarización y sostenibilidad fiscal.

Del total de los fondos brindados tras el acuerdo con el FMI, Ecuador ya recibió 4.000 millones de dólares en dos desembolsos en septiembre y diciembre del año pasado.

Según el Gobierno, esos recursos le han permitido atender necesidades urgentes y brindar ayuda social en medio de la pandemia de COVID-19 y cumplir con pagos atrasados a proveedores del Estado y salarios del sector público.