El Gobierno brasileño moderó la idea de estudiar la privatización de las Unidades Básicas de Salud (UBS), el pilar principal del sistema público de salud de Brasil, un día después de que publicara un decreto en que daba luz verde a estudiar la idea.

En un comunicado, la Secretaría General de la Presidencia explicó que el objetivo del decreto era "solamente permitir que sean realizados o contratados estudios sobre la posibilidad de asociaciones con la iniciativa privada y sobre la viabilidad (o inviabilidad) de la aplicación concreta de esas alternativas".

Las llamadas UBS son la puerta de entrada al Sistema Único de Salud (SUS, la sanidad pública brasileña), ya que atienden el 80 por ciento de los problemas de salud de la población, sin necesidad de derivar a los pacientes a los hospitales o al servicio de emergencias.

El decreto 10.530, firmado por el presidente Jair Bolsonaro y por el ministro de Economía, Paulo Guedes, fue duramente criticado por diputados, partidos de la oposición y exministros de Salud que, en general lo interpretaron como una amenaza de privatización.

El decreto para privatizar la salud

 

En Brasil, a diferencia de Argentina, no existen las obras sociales médicas de los sindicatos. El decreto apuntó a reducir la inversión pública en salud, en el marco del programa de ajuste del ministro Guedes, un ultraliberal de la escuela económica de Chicago que trabajó para la dictadura chilena de Augusto Pinochet, a la que pone de ejemplo de modelo a seguir para Brasil.

Guedes se quejó recientemente de los "acuerdos políticos" para mantener su gobernabilidad que le impiden llevar adelante su plan de privatizaciones, razón por la cual cuatro funcionarios renunciaron entre agosto y septiembre de su equipo de trabajo.

l decreto privatizador de la salud se conoció luego del incendio que mató a tres personas internadas por Covid-19 en el hospital federal de Bonsucesso, en Río de Janeiro, cuya administración depende del Ministerio de Salud que no había cumplido los requisitos para tener un protocolo contra incendios.

La iniciativa fue fustigada por entidades médicas que apuntan contra la intención de "destruir" el sistema público de salud sin necesidad de reformar la Constitución.

"Si bien se habla de proyectos piloto, todo se inicia así, es la puerta abierta para la destrucción del sistema único de salud. Preocupa que no se haya consultado a las entidades", dijo el presidente de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco), Gulnar Azevedo.