El gobierno interino de Bolivia se mostró dispuesto a dialogar con dirigentes del partido del ex presidente Evo Morales para desactivar las protestas que ya dejaron casi una treintena de muertos y más de 700 heridos, luego de que el fin de semana los cocaleros de Cochabamba dieran 48 horas a la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez para que renuncie.

Sin embargo, el Movimiento al Socialismo (MAS), la fuerza política de Morales, exigió el "repliegue" de las Fuerzas Armadas como condición para conversar.

El comandante general de la Policía, Rodolfo Montero, informó que se estaba "abriendo un diálogo" con los seguidores de Morales que en El Alto, ciudad aledaña a La Paz, mantenían cerrada la planta de combustibles de Senkata, que abastece a la capital.

"Estamos agotando el diálogo, justamente el comandante regional de El Alto está abriendo un diálogo con los señores del Distrito 8 para que podamos abrir la planta de Senkata y poder trasladar hasta acá el combustible necesario para poder normalizar (el abastecimiento) en la ciudad de La Paz", dijo Montero a periodistas, según la agencia noticiosa estatal ABI.

Pero el MAS respondió que no dialogará mientras el gobierno no saque a las Fuerzas Armadas de las calles.

"Exigimos el repliegue de las Fuerzas Armadas; den condiciones para la paz, den condiciones para un diálogo sincero; no puede ser que mientras se está promoviendo el diálogo por un lado, por el otro se estén haciendo masacres con nuestra gente", afirmó la diputada Sonia Brito en conferencia de prensa, acompañada por otros legisladores, según la agencia EFE.

En Sacaba, durante el velatorio de cinco de las víctimas de las protestas, los cocaleros advirtieron que si Áñez no dimite, realizarán un bloqueo nacional de rutas por tiempo indefinido, según informaron El Deber y la agencia ANSA.

Paralelamente, otros grupos afines a Morales planean cercar completamente La Paz y El Alto mediante el bloqueo de sus accesos, e impedir su abastecimiento como forma de presión para lograr la renuncia de Áñez, según revelaron dirigentes no identificados al diario paceño Página Siete.

Por otra parte, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, afirmó que el polémico decreto que exime de responsabilidad penal a efectivos de las Fuerzas Armadas en relación con la represión de las protestas "de ninguna manera se transforma en una licencia para matar".

El decreto, conocido el sábado, fue duramente cuestionado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).