El anuncio de que Jeanine Áñez, presidenta autoproclamada de Bolivia, dio positivo de Covid-19, igual que varios ministros de su gabinete, provocó la reacción de las fuerzas políticas de la oposición, en especial del MAS de Evo Morales, partido que lidera todas las encuestas, y desde donde advierten que se utilizará el cuadro sanitario para postergar una vez más las elecciones presidenciales.

Leonardo Loza, dirigente cocalero en la provincia de El Chapare en el Departamento de Cochabamba, cuna de Evo Morales, es hoy la zona de mayor resistencia a la dictadura. Allí es donde Áñez dispuso el mayor despliegue de seguridad con la excusa de controlar a los delincuentes y terroristas. "Nos acusan de tirar torres de luz, de robar camiones con insumos de bioseguridad, de organizar guerrillas, de ser narcotraficantes porque nos quieren fuera de la lucha", denuncia Loza, quien es Ejecutivo de la Federación de Comunidades Interculturales Chimoré, compuesta por más de 100 sindicatos de cocaleros. Afirma que el Trópico de Cochabamba está "repleto de policías que andan de civiles con el fin de espiarnos y siguen todos los movimientos que hacemos para sembrar falsas pruebas, principalmente en sindicatos y movimientos sociales porque nos quieren en la cárcel".

Tras el golpe a Evo Morales, en noviembre de 2019, la represión dejó muertos, heridos y detenidos. La localidad de Senkata recuerda el 19 de noviembre como "el día de la masacre a los cocaleros". Esta localidad, ubicada a 40 kilómetros de La Paz y con 1.300 habitantes, tiene una planta de gas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que abastece a gran parte del país y sus accesos estaban bloqueados en rechazo al golpe y la asunción de Jeanine Áñez. La policía y los militares lanzaron gases lacrimógenos y balas de plomo contra el pueblo desarmado. Lo hicieron desde los mismos accesos bloqueados, también por aire, y hasta tuvieron tiempo de atacar a los médicos que asistían a los heridos. Ese día diez vecinos murieron, 65 quedaron heridos y decenas fueron detenidos. Áñez negó que los militares hayan disparado y acusó a los manifestantes de terroristas.

Loza no duda: "Vamos a tumbar y enterrar a la dictadura con nuestra única arma, que es el voto popular. No necesitamos hacer terrorismo ni ser delincuentes". Tampoco tendría lógica realizar atentados cuando los últimos sondeos indican que el MAS podría ganar a presidencia, incluso sin balotaje.

Candidaturas e intentos de anulación

Una de las movidas que realizó el gobierno autoproclamado fue la de intentar busca anular la candidatura de Luis Arce, quien lidera las encuestas para los comicios de septiembre, proscribiendo al MAS para evitar que se restablezca la situación democrática con elecciones generales y libres.

La Fiscalía General de Bolivia reflotó una maniobra que ya fracasó meses atrás. Acusó al ex presidente Evo Morales por supuestos delitos de "terrorismo y "financiamiento al terrorismo" y volvió a pedir su prisión preventiva. Las posibilidades reales de que este pedido prospere son escasas, pero hacen mucho ruido a nivel internacional por el impacto mediático que generan.

Esta no es la primera vez que piden detener a Evo Morales, quien se encuentra en Argentina en calidad de refugiado. La investigación es conocida como "caso audio" porque el gobierno surgido tras el golpe difundió una supuesta conversación entre Evo y el dirigente cocalero Faustino Yucra en la cual, denuncian, Morales coordinaba impedir el acceso de alimentos y combustibles a diferentes ciudades del país en los días posteriores al golpe de Estado. En diciembre de 2019 hubo una solicitud a Interpol de la ficha roja para localizar y detener al ex presidente, pero la policía internacional rechazó el pedido en enero de este año.

A Luis Arce lo denuncian por la presunta compra de un software inexistente con sobreprecios cuando estaba al frente del Ministerio de Economía. Arce rechazó tal acusación, asegurando que aún no recibió ninguna notificación formal pero advierte el plan para evitar que pueda presentarse en las elecciones.

"Nos mintieron desde el comienzo", afirma Leonardo Loza, uno de los principales dirigentes del MAS. "Áñez dijo que sería un gobierno de transición cuya única tarea era convocar a elecciones, pero nunca fue ese el objetivo. Ahora usan la pandemia como excusa para prorrogar nuestra voluntad como pueblo mientras entregan nuestras riquezas y se roban nuestro dinero como lo hicieron con los respiradores".

El dirigente menciona uno de los más escandalosos casos de corrupción que se dieron en plena pandemia. El ministro de Salud, Marcelo Navajas, fue destituido y detenido por la compra a España de 500 respiradores para cuidados intensivos a sobreprecios y que ni siquiera servían para ese fin.

Loza explica que el pueblo se organiza y que "es clave que se respete ante instancias internacionales el voto del pueblo boliviano, la soberanía y que no se repita lo que pasó el año pasado; la OEA vino a estropear nuestra democracia, nuestra soberanía, nuestro voto, como lo ha hecho Luis Almagro (secretario general de OEA)". El organismo emitió un comunicado denunciando irregularidades y sembrando la duda del fraude en momentos de extrema sensibilidad.

Finalmente se confirmó que Evo Morales ganó por 10,5% y que no era necesaria la segunda vuelta, pero ya era tarde. Habían obligado a renunciar al presidente, se había instalado un gobierno de facto y en las calles quedaban los cuerpos sin vida de quienes defendían el voto popular. Para las elecciones de septiembre, Loza apuesta al acompañamiento de otras instancias internacionales para que sean veedores.