La resistencia de las distintas fuerzas de oposición y la falta de cohesión del oficialismo parlamentario que responde a Jair Bolsonaro obligaron a aplazar, posiblemente para el 22 de octubre, la segunda ronda de votación del proyecto oficial de reforma del sistema previsional brasileño, que estaba prevista originalmente para esta semana.

"La posibilidad real es que (la votación) quede para el 22", admitió el líder de la administración en el Senado, Fernando Bezerra Coelho, citado por medios brasileños.

El portal Brasil 247, citado por la Agencia Prensa Latina, señaló que el gobierno de Bolsonaro fue derrotado en un intento por llegar a un acuerdo sobre las reglas para dividir los recursos del Pre-sal (áreas de reservas de petróleo) y así acelerar el voto sobre la reforma de jubilaciones y pensiones. De acuerdo con el portal, "los líderes del Gobierno y Senado ya han tirado la toalla y no prevén el voto de la segunda ronda de la nueva Ley Previsional antes del 22 de octubre".

El sitio apunta que el Gobierno quiso que la oposición aceptara no cumplir con el plazo parlamentario (cinco sesiones entre la primera y la segunda vuelta de las votaciones) para considerar antes el asunto.

Pero, ¿por qué se atrasa la votación de la reforma previsional en Brasil? Debido al riesgo de que no haya quórum suficiente la próxima semana por los festejos relacionados con la canonización de la hermana Dulce, prevista para el 13 de octubre en Roma y el 20 de octubre en el estado de Salvador.

Brasil 247 asegura que también existe la insatisfacción de varios legisladores por el hecho de que el gobierno no cumplió con las promesas hechas a quienes votaron a favor de la reforma a cambio de introducir diversas enmiendas.

El texto básico de la reforma fue aprobado el 1 de octubre en primera vuelta por 56 votos a favor y 19 en contra. Como se trata de una enmienda a la Constitución, la propuesta debe someterse nuevamente a votación en el Senado, con el apoyo de al menos 49 de los 81 senadores.

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Modificaciones

Actualmente el brasileño puede jubilarse, demostrando el tiempo mínimo de contribución de 15 a 20 años. La nueva propuesta decreta el final de la jubilación por tiempo de contribución. Los trabajadores del sector público y privado deberán tener al menos 62 años (mujeres) y 65 (hombres).

Una vez que se retire, el trabajador tendrá derecho a una pensión calculada sobre el 60 por ciento de todos los salarios recibidos en vida, con un dos por ciento más en ese volumen, según la cantidad de años, además de los 20 contribuidos.

Para tener el ciento por ciento del promedio de los montos recibidos durante toda la vida de la edad laboral, el trabajador deberá contribuir durante 40 años.

Los detractores denuncian que el proyecto, basado en un sistema de capitalización, tiene el objetivo central de exclusión de la Seguridad Social, destruyendo el modelo concebido en la Constitución de 1988.

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