La Sala de vacaciones del Tribunal Supremo español rechazó disponer medidas cautelares contra el exmonarca Juan Carlos I, argumentando que el rey emérito (cuyo paradero actual sigue sin conocerse) no está imputado en ninguna causa.

Las medidas fueron requeridas por la asociación independentista catalana Òmnium Cultural, explicando que el sistema procesal español no contempla la imposición de medidas cautelares contra quien no reviste condición de investigado.

Òmnium había presentado ante el Supremo un pedido urgente para activar la "búsqueda internacional" del rey emérito y para que fuera llamado a declarar inmediatamente, tras el polémico anuncio de su salida de España, que coincide con el aumento de las presiones sobre el exmonarca por las investigaciones abiertas sobre sus cuentas en el extranjero con fondos no declarados en el país.  

Juan Carlos I anunció el lunes que abandonaba España, debido a "la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada", y con la intención de "contribuir a facilitar el ejercicio" de las funciones de su hijo, el actual rey de España, Felipe VI, tal como manifestó en un comunicado difundido por la Casa Real española.

Poco después, su abogado emitió otro comunicado en el que precisaba que el exmonarca, a pesar de "su decisión de trasladarse" fuera del país, "permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna".

Hasta el momento no se ha revelado el destino de Juan Carlos I de Borbón. Varios medios de comunicación especulan con paraderos como Portugal o la República Dominicana, pero ni la Casa Real ni ninguna otra institución española se pronunció al respecto. 

La salida del país del rey emérito causó una encendida polémica y dividió las aguas en el panorama político español, incluso en el seno del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Mientras los socialistas manifiestan su respeto a la decisión del exmonarca, Pablo Iglesias, líder de Podemos y vicepresidente del Ejecutivo, calificó su movimiento de "huída" y considerándola "una actitud indigna de un exjefe del Estado" que "deja a la monarquía en una posición muy comprometida".