El Senado de Brasil aprobó un proyecto de ley que abre el camino para que el presidente Jair Bolsonaro pueda privatizar las empresas estatales de agua y saneamiento, una norma cuestionada por movimientos sociales y organizaciones que defienden el agua como bien público.

Ya convertida en ley por ambas cámaras del legislativo, la iniciativa pasa a la presidencia para la firma del mandatario. Sus impulsores consideran que mediante la privatización se brindará un mejor servicio a 35 millones de brasileños que carecen de agua potable y 100 millones cuyas aguas residuales son vertidas sin ningún tipo de tratamiento.

El Partido de los Trabajadores (PT) fue la única organización política con representación en la Cámara alta, que votó en contra del proyecto privatizador.

Al leer el informe, el miembro informante de la iniciativa por la coalición oficialista, Tasso Jereissati, afirmó que el texto "crea un entorno de mayor seguridad jurídica, produciendo una apreciación de las participaciones de los Estados controladores en sus empresas estatales" y beneficia a "los invisibles".

Apuntó que "los contratos de servicios de saneamiento son a largo plazo: 30 años. Por esta razón, los inversionistas están menos interesados en los desafíos temporales, como lo que está experimentando Brasil, ante la calamidad de la salud pública".

En un manifiesto presentado el 2 de junio, decenas de entidades se opusieron a la aprobación del proyecto, al considerar que "propone la creación de un monopolio privado de agua y alcantarillado en Brasil".

Una campaña contra el documento ganó prominencia en redes sociales.

"La garantía de acceso a los servicios de saneamiento básico para toda la población, incluidos los que no pueden permitírselo, no puede someterse a los intereses privados, en los que el beneficio es lo primero", señalan las organizaciones.

El senador Rogério Carvalho, del PT, considera que el proyecto "no asegura ni preserva el patrimonio de las empresas estatales de saneamiento".

Incluso, precisó, "con la privatización de la energía se necesitó un programa público con recursos públicos, como Luz Para Todos, para garantizar su universalización, al igual que el programa de cisternas".

Carvalho también pidió que se votara un nuevo proyecto para garantizar las políticas públicas de saneamiento.

Las voces opuestas al proyecto alertan que se pondría un recurso público valioso en manos privadas, en momentos en que varios países o ciudades lamentan haber privatizado sus sistemas de agua.

Desde el inicio de la pandemia más de un millón y medio de habitantes de zonas marginales no han podido acceder a las mínimas condiciones de higiene y precaución para evitar la expansión del coronavirus. La ONG Central Única das Favelas (CUFA) ya había advertido en marzo falta de asistencia estatal que ponía en riesgo la vida de millones de brasileños.