Mario Fernandes, general retirado del Ejército brasileño y exfuncionario del gobierno de Jair Bolsonaro, reconoció ante el Supremo Tribunal Federal (STF) haber redactado el llamado “plan Puñal Verde y Amarillo”, un documento que preveía el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez Alexandre de Moraes. La confesión se produjo en el marco del juicio por intento de golpe de Estado que enfrenta el expresidente y una treintena de colaboradores.

Fernandes, quien fue secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia y también asesor del diputado Eduardo Pazuello, aseguró que el archivo era apenas un “pensamiento” personal. “Ese archivo digital solo retrata un pensamiento mío, una recopilación de datos, un estudio de la situación”, dijo el militar durante su declaración por videoconferencia. Afirmó haberlo impreso “para leerlo mejor” y luego haberlo destruido. “No fue presentado a nadie, no fue compartido por nadie”, insistió.

Pero según la fiscalía y la Policía Federal, el general imprimió tres copias del plan el 6 de diciembre de 2022 en el Palacio del Planalto. Cuarenta minutos después, ingresó al Palacio de la Alvorada, donde se encontraba Jair Bolsonaro junto al teniente coronel Mauro Cid. Ese mismo día, el expresidente recibió un borrador de decreto que habilitaba medidas excepcionales para desconocer el resultado de las elecciones que habían consagrado a Lula como presidente.

La operación “Punhal Verde e Amarelo”, según las investigaciones, preveía envenenar a los tres blancos —Lula, Alckmin y Moraes— el 15 de diciembre de 2022, tres días después de la diplomación del presidente electo. Al día siguiente, el grupo planeaba activar un “Gabinete Institucional de Gestión de la Crisis”. El plan contemplaba el uso de pistolas, fusiles, ametralladoras y un lanzagranadas. Los investigadores también comprobaron que Moraes era monitoreado constantemente.

Fernandes fue uno de los seis imputados del llamado “Núcleo 2”, acusado de redactar la “minuta del golpe”, hacer seguimientos a autoridades e intentar obstruir el voto en 2022. En paralelo, el tribunal juzga al “Núcleo 4”, vinculado a la difusión de noticias falsas y ataques a instituciones, y al “Núcleo 3”, compuesto por militares y un policía federal.

El general pasó a retiro en 2020, tras haber comandado el cuerpo de Operaciones Especiales del Ejército. En julio de 2022 participó de una reunión en el Palacio del Planalto donde se discutieron estrategias para mantener a Bolsonaro en el poder. Fue detenido en noviembre de 2024, acusado de planear atentados contra autoridades. Un informe de la Policía Federal lo describe como uno de los involucrados “más radicales” en la intentona golpista y con fuerte influencia en los campamentos montados tras la derrota electoral de Bolsonaro.

Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro y uno de sus colaboradores más cercanos, declaró ante el Supremo Tribunal Federal que el expresidente tuvo “pleno conocimiento” del plan Puñal Verde y Amarillo. El testimonio se dio el 9 de junio, durante su audiencia como imputado en el juicio por la tentativa de golpe de Estado. Cid también relató que Bolsonaro recibió y revisó una minuta con medidas para anular el resultado electoral, y que llegó a sugerir cambios en ese documento.

Días después, ya en calidad de testigo protegido por un acuerdo de colaboración con la justicia, Cid volvió a declarar durante la fase de interrogatorios del llamado “Núcleo 2”, al que pertenece el general Mario Fernandes. Según su relato, Fernandes fue uno de los militares que más insistieron en que las Fuerzas Armadas debían intervenir para impedir la asunción de Lula. También confirmó que el general llevó personalmente el documento con el plan al Palacio de la Alvorada, donde se encontraba Bolsonaro.

La fiscalía sostiene que el expresidente dirigió un operativo dividido en distintos niveles, con tareas específicas para cada grupo de colaboradores. La semana pasada, el Ministerio Público pidió su condena. Si el Supremo Tribunal Federal lo declara culpable, Bolsonaro podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión.