El gobierno catalán no tiene prevista una convocatoria a elecciones regionales anticipadas, informó el vocero ofi cial, Jordi Turull, en réplica a las medidas tomadas por el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, frente al intento independentista de Cataluña, entre las que se encuentra el llamado a elecciones en la norteña región de España.

Rajoy solicitó además al Parlamento que cese al presidente catalán, Carles Puigdemont

Después de un acuerdo con el PSOE, principal partido de la oposición, Rajoy aplicó por primera vez en la historia el artículo 155 de la Constitución española, que permite a Madrid intervenir en los gobiernos autonómicos ante quiebres del orden constitucional, y pidió la convocatoria a elecciones autonómicas antes de seis meses en esa región autónoma.

Rajoy solicitó además al Parlamento que cese al presidente catalán, Carles Puigdemont, con todo su gobierno, y que limite las funciones del Parlamento regional.

Pero, en declaraciones a una emisora de radio, el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, aseguró que “no está sobre la mesa” que Puigdemont, convoque elecciones regionales anticipadas, informó la agencia de noticias EFE.

Será el Parlamento regional, agregó, quien se pronuncie, previsiblemente esta semana, sobre las medidas decididas por el Ejecutivo español para acabar con el desafío separatista.

Para frenar el proceso secesionista catalán, el Consejo de Ministros aprobó un decreto, que deberá ratifi car el Senado el 27 de octubre, para ejercer temporalmente las competencias del autogobierno de Cataluña al amparo de la Constitución española.

Puigdemont anunció que pedirá a la cámara legislativa catalana que celebre un pleno para decidir sobre el “intento de liquidar” el autogobierno de Cataluña, que consideró “el peor ataque a las instituciones” democráticas regionales desde los tiempos de la dictadura del general Franco (1939-1975).

Apuntó Turull que el pleno del Parlamento catalán adoptará una decisión respetuosa con el resultado del referéndum de autodeterminación del pasado 1° de octubre -declarado inconstitucional- y en defensa de las instituciones catalanas.

Según los datos del Gobierno catalán, el 90 % de los votantes de esa consulta, que el Ejecutivo en Madrid denuncia por haber sido celebrada ilegalmente y sin garantías, respaldaron la independencia de Cataluña.

“Cataluña será lo que decida el Parlamento, el representante legítimo de los ciudadanos, no lo que decidan otros”, pues se trata de un “un tema de dignidad institucional”, señaló Turull, que acusó al Ejecutivo central de “un golpe de Estado a instituciones democráticamente escogidas”.

El Ejecutivo central justificó la aplicación de las previsiones constitucionales en Cataluña por la “desobediencia rebelde, sistemática y consciente” de las autoridades regionales independentistas a las leyes nacionales y atentar “gravemente” contra el interés general de España.