El Consejo de Ministros de España aprobó el proyecto de la ley de Memoria Democrática, que sería tratada en el Congreso en septiembre, y que busca clausurar definitivamente la etapa del franquismo, con una batería de medidas entre las cuales se destaca la obligatoriedad del Estado de asumir la búsqueda de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura de Francisco Franco.

No obstante la falta de datos oficiales, debido a la labor de asociaciones de voluntarios se han documentado 3.000 fosas comunes hasta el momento, indica el sitio web RTenespañol. Respecto del número de desaparecidos tampoco existen datos públicos, salvo el que recoge un auto de la Audiencia Nacional de 2008, que los cifra en 114.226.

El medio también reseña que entre los años 2000 y 2018 se abrieron en España 740 fosas y se recuperaron 9.000 cuerpos, muchos de los cuales habían sido buscados durante 80 años por familiares y allegados.

Medidas

El texto que llegará al parlamento español también contempla la creación de un Banco Nacional de ADN para posibilitar las identificaciones de los desaparecidos y la creación de una Fiscalía de Sala que investigue los delitos cometidos durante ese periodo.

Además, se crea el tipo penal de enaltecimiento del franquismo cuando se produce humillación a las víctimas. Este último requisito, el de la humillación a las víctimas, fue introducido en la futura norma tras las críticas del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces en España, que sostienen que la apología del franquismo está amparada en la libertad de expresión.

También se declararán nulos todos los juicios represivos que tuvieron lugar durante la Guerra civil entre 1936 y 1939.

En tanto que por primera vez se establecen un régimen de penalizaciones con multas de hasta 150.000 euros para las infracciones muy graves, como trasladar restos de víctimas de la guerra civil sin autorización, destruir fosas comunes o lugares de memoria o los actos de exaltación del franquismo que conlleven menosprecio de las víctimas.

La ley pretende también resignificar el Valle de los Caídos, el megamonumento que el dictador Franco hizo construir utilizando como mano de obra esclava a presos políticos y albergó los restos del dictador hasta octubre de 2019, además de otros 33.000 cuerpos, muchos de los cuales fueron llevados allí sin el consentimiento e, incluso, sin el conocimiento de sus familiares.

Cuestionamientos

No obstante la iniciativa está recibiendo críticas tanto de la derecha como de las fuerzas progresistas.

Grupos como los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o los vascos de EH Bildu piden una normativa más ambiciosa, ya que consideran que no resarce a todas las víctimas, porque siguen vigentes la ley de amnistía que perdonó todos los crímenes del franquismo, y la de secretos oficiales de la dictadura.

En tanto que las asociaciones y entidades memorialistas exigen además la ilegalización y anulación de todas las sentencias del franquismo. Estos colectivos se manifestaron el pasado 18 de julio, aniversario del golpe de Estado de 1936 que acabó con la democracia en el país, a las puertas del Congreso.

Desde la derecha, tanto el conservador Partido Popular, como el ultraderechista Vox, anunciaron que derogarán esta normativa en el caso de que lleguen al poder.