El Gobierno de España anunció un paquete de medidas para poner freno al alza de precios de la electricidad que sufre el país desde hace varios meses, de forma tal que, sostuvo la vocera del Gobierno, Isabel Rodríguez, "el recibo de la luz al final de año sea similar al de 2018".

En total, el paquete debería producir una rebaja del 22% de la factura promedio, que alcanzaría un 30% al sumarse las rebajas impositivas que comenzaron a implementarse en julio, informó el sitio web RTenespañol.

La primera iniciativa destacada por la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, fue la rebaja de la remuneración del CO2 a las empresas que generan electricidad sin generar CO2 pero que hasta ahora se veían beneficiadas por su costo.

Según la ministra, supondrá un recorte de alrededor de 2.500 millones de euros a las empresas energéticas de esos 'beneficios que obtienen tecnologías ajenas al gas, pero que lucran con la escalada de precios.

Ribera resaltó que la mayoría de las cuestiones que afectan al sector energético se encuentran bajo competencia de la normativa europea, por lo que han "insistido ante la Comisión Europea en dar una respuesta coordinada a nivel europeo". Para la funcionaria "es fundamental respetar el derecho comunitario", pero remarcó que están dispuestos a actuar en aquellos aspectos en los que el gobierno español sí tiene competencia.

Recortes

La ministra detalló que se va a "actuar en los tres componentes de la factura": en cómo se fija el precio de la energía; cómo se responde a los costos fijos del sistema buscando una reducción muy significativa de los cargos, reducción que ha fijado en hasta el 96%; y buscando suavizar los recargos fiscales.

Ribera informó que se establece un mecanismo por el que se reduce hasta el 31 de marzo de 2022 el exceso de retribución a las compañías eléctricas como consecuencia del efecto amplificador del precio del gas: "Cada euro que sube el gas, suben dos euros el precio de la electricidad en el mercado mayorista", reseñó, y agregó que se establece un piso en el que queda exento cualquier productor de esta reducción.

También se limita el crecimiento de las facturas domésticas de gas natural de cara al otoño o invierno, de manera que se acota el impacto en las facturas.

Además, se crea un nuevo modelo de fijación de precios de la electricidad, que incluye subastas de energía a las que todos los operadores dominantes (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y EDP) "deberán contribuir con un porcentaje de su capacidad de generación" para poder subastar ese volumen de energía y que las pequeñas comercializadoras puedan pujar al precio que consideren razonable, que siempre tenderá a la baja, según estima Ribera.

Menos impuestos

Asimismo, se constituye un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables y se amplía por seis meses más la prohibición de corte de suministro para ese grupo, implementada durante la pandemia.

La ministra anunció asimismo la modificación de la ley de aguas, una reforma en la que se precisará de manera concreta cuáles son los criterios para hacer un uso racional del recurso hídrico, de manera que se fije una cuota mínima de mantenimiento para preservar el ecosistema acuático, así como un máximo de agua que puedan usar las compañías hidráulicas, haciendo referencia al vaciamiento de pantanos que se ha denunciado durante este verano.

Por último, Ribera se refirió a la cuestión fiscal: la eliminación del 7% del impuesto de producción eléctrica, previsto inicialmente hasta el 30 de septiembre, se extiende hasta el 31 de diciembre. Además, se reduce el impuesto especial de electricidad del 5,1% hasta el tipo mínimo del 0,5% permitido por Bruselas.