El jefe del Ejército de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, quien hoy se hizo con el control total de su país con un golpe de estado repudiado por la mayoría del mundo, tiene una causa abierta en la Argentina, bajo el principio de jurisdicción universal, por crímenes de genocidio contra la minoría musulmana rohingya.

"Lo que está pasando en Myanmar ahora es un elemento que debería convencer aun más a la jueza de que es muy importante ejercer el principio universal por estos hechos atroces", explicó a Télam Tomás Ojea Quintana, exrelator de la ONU para Myanmar y uno de los que impulsa la demanda que ingresó al juzgado de María Romilda Servini en noviembre de 2019.

En ese momento, grupos de derechos humanos rohingyas, latinoamericanos y argentinos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una demanda invocando el principio de jurisdicción universal, que sostiene que algunas acciones, como crímenes de guerra y contra la humanidad, son tan espantosos que no son competencia de una sola nación y pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo.

El jefe del Ejército es señalado por muchos como un genocida

"Se presentaron cinco mujeres que fueron violadas en manada en un pueblo en el estado de Rakhine frente a sus hijos y esposos que luego fueron asesinados", contó Ojea Quintana, abogado de derechos humanos argentino, quien recordó que "los asesinatos y las violaciones fueron acreditadas al detalle en un informe de la ONU en 2018".

La violencia y el desamparo de esta minoría musulmana fue tal en 2017, que en solo unos meses, más de 740.000 rohingyas escaparon solo con lo puesto, cruzaron un río y hasta corrieron entre ráfagas de ametralladoras para alcanzar la frontera y refugiarse en el vecino Bangladesh, uno de los países más pobres de la región, donde aún viven apiñados en campos administrados por la comunidad internacional.

La demanda, que cayó en manos de Servini y el fiscal Guillermo Marijuan, acusó a la cúpula militar y los comandantes que actuaron en el estado de Rakhine de "ser los responsables directos del genocidio" contra la comunidad rohingya, y señaló a los líderes políticos del gobierno, hoy detenidos y víctimas del golpe de estado, por su "connivencia" en estos crímenes de lesa humanidad.

La minoría musulmana rohingya fue perseguida por el ejército de Myanmar

Entre ellos, la premio Nobel de la Paz y por entonces máxima referente política del gobierno, Aung San Suu Kyi, quien ante la creciente presión internacional en 2017 y 2018 aclaró una y otra vez que ella estaba "a cargo" del país y que lo que sucedía en Rakhine era "un conflicto interno".

La causa en la justicia argentina aún no avanzó porque tanto la jueza como el fiscal presentaron dudas por la posibilidad de que los acusados estuvieran siendo juzgados dos veces por la misma causa, ya que organizaciones rohingyas e internacionales también impulsaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, contó Ojea Quintana.

Sin embargo, esa corte internacional respondió a las consultas a fin de 2020 y aclaró que se trataban de dos causas diferentes: "La de la Argentina es sobre hechos cometidos en Myanmar, mientras los de la de la CPI sucedieron formalmente en Bangladesh, ya que Myanmar no firmó el Estatuto de Roma y, por lo ende, no reconoce la jurisdicción del tribunal en La Haya", explicó el abogado argentino.

Ahora le toca Servini decidir si abre una investigación.

Min Aung Hlaing fue acusado en disintas partes del mundo por genocidio

"Esperamos que lo haga y así podremos pedir detenciones vía Interpol y exigir, por ejemplo, oficios a Facebook para que haga un informe sobre cómo esa red fue usada para distribuir mensajes de odio y racista que alimentaron el genocidio", adelantó Ojea Quintana.

Para el abogado es importante que la justicia argentina ejecute el principio de jurisdicción universal no solo para conseguir una condena, sino porque es una forma de "empoderar a las víctimas en el proceso".

"El objetivo siempre es conseguir una condena, pero además este tipo de causas moviliza la expectativa de la comunidad afectada de ser escuchada, se mantiene vivo el tema en la prensa y el público en general, y le recuerda a los responsables que no se olvidan las atrocidades que cometieron", concluyó.

En 2019, Min Aung Hlaing también fue objeto de sanciones de Estados Unidos por su papel en la “limpieza étnica” llevada a cabo contra la minoría rohinyá, mientras que su país está acusado de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máxima instancia judicial de la ONU.

El jefe supremo del ejército birmano tiene prohibido entrar en Estados Unidos y el Tesoro estadounidense congeló sus eventuales haberes en ese país y prohibió a los estadounidenses que hagan negocios con él.

El Golpe de Estado en Myanmar

El Ejército de Myanmar dio hoy un golpe de Estado y detuvo a los principales políticos, entre ellos a la Nobel de la Paz y activista prodemocrática Aung San Suu Kyi, en una abrupta marcha atrás en el complicado proceso de retorno a la democracia de la nación del sudeste asiático tras casi medio siglo de dictadura.

Un anuncio leído en el canal de televisión de las Fuerzas Armadas informó a los casi 54 millones de habitantes que el Ejército tomará el control del país por un año y dijo que la decisión se hizo necesaria porque el Gobierno civil liderado por Suu Kyi no hizo nada sobre las denuncias de los militares de fraude en las elecciones de noviembre pasado.

El partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), ganó los comicios por amplia mayoría, pero el Ejército, que nunca cedió el poder del todo a los civiles, denunció irregularidades y reprochó al Gobierno haber decidido celebrar las elecciones en medio de la pandemia de coronavirus.

El ejército tomó el poder sin usar violencia

La toma del poder se realizó sin violencia ni resistencia justo el día de inauguración de sesiones del Parlamento surgido de los comicios de la polémica y luego de varias jornadas de rumores de que el Ejército planeaba un nuevo golpe de Estado.

Los militares dijeron que sus acciones tenían una base legal: una sección de la Constitución elaborada por ellos mismos que los autoriza a tomar el control del país ante una emergencia nacional.

Pero el partido de Suu Kyi y gran parte de la comunidad internacional dijeron que se trató de un golpe de Estado.

Luego del golpe, se desencadenaron protestas en toda la región

Los acontecimientos constituyen una dramática regresión para Myanmar, la ex-Birmania, que a duras penas estaba tratando de salir de décadas de Gobiernos militares y de un ostracismo internacional que había comenzado en 1962.

Myanmar salió hace apenas diez años de un régimen militar que dirigió el país durante casi cinco décadas. Los dos últimos golpes de Estado desde la independencia del país en 1948 se remontan a 1962 y 1988.

Los militares denunciaban desde hace semanas más de una decena de millones de casos de fraudes en las legislativas de noviembre, en las que el partido del Ejército tuvo un muy pobre desempeño.