El Congreso chileno aprobó hoy la reforma constitucional que permite el retiro de 10% de los fondos depositados por los trabajadores en el sistema de pensiones privado como medida para enfrentar la crisis causada por el coronavirus, y ahora el proyecto está en manos del presidente Sebastián Piñera, quien tiene 30 días para promulgarlo, vetarlo o llevarlo al Tribunal Constitucional.

En medio de un clima de creciente tensión política, el proyecto fue aprobado finalmente en Diputados, la última instancia legislativa, con 116 votos (23 más que los necesarios) a favor, 28 en contra y 5 abstenciones.

Ahora puede ser promulgado por el presidente Piñera, aunque parlamentarios oficialistas ya le pidieron que haga trabajo de “colegislador” y vete el proyecto.

Gonzalo Blumel, ministro del Interior, destacó que el resultado era predecible y reconoció que “ha sido un traspié importante” para el Gobierno, a la vez que argumentó su desacuerdo con la aprobación del proyecto de ley, cuestionando las formas de la oposición.

“Creemos que los mecanismos institucionales que se han usado son dudosos y ambiguos, no contribuyen al buen funcionamiento de las instituciones", dijo.

Asimismo, resaltó que la convicción más profunda del Gobierno “es que los problemas de la clase media no tienen que pagarlos la clase media con sus propios recursos previsionales, sino a través de aporte del Estado, con iniciativas financiadas con recursos fiscales”.

El resultado representa también un quiebre en la coalición del Gobierno, razón por la cual Blumel apuesta a encontrar puntos medios.

“Es indispensable que el Gobierno y su coalición recuperan cuánto antes su capacidad de trabajar con unidad, fijar posiciones comunes en torno a aquellos principios y convicciones que nos mueven”, apuntó.