La Cámara de Diputados de Brasil aprobó por 313 votos a favor y 166 en contra la privatización de la empresa estatal Eletrobras, responsable de aproximadamente el 30% de la energía generada en el país.

Tras la votación, que ocurrió durante una prolongada sesión finalizada en la madrugada de este jueves, el jefe del bloque de partidos de la oposición, Alessandro Molon, criticó la medida.

¿Es razonable vender la sexta empresa más lucrativa de Brasil, una empresa decisiva para la soberanía energética. Es razonable votar un texto importante como este en 23 horas?, preguntó Molon, del Partido Socialista Brasileño.

Si el proyecto es aprobado en el Senado, esta será la primera gran privatización de un sector clave por parte del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

Recientemente, el expresidente Luiz Inácio "Lula" da Silva alertó sobre la desnacionalización de Eletrobras, que pondría en riegos la soberanía y seguridad energética del gigante sudamericano.

Rechazo

La medida fue enviada a la Cámara Baja personalmente por Bolsonaro el 23 de febrero como parte de su ambiciosa agenda económica liberal.

Recientemente, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva alertó sobre la desnacionalización de Eletrobras, que pondría en riegos la soberanía y seguridad energética del gigante sudamericano.

En un mensaje en la red social Twitter, el fundador del Partido de los Trabajadores denunció que el exmilitar venderá Eletrobras a 'precio de banana' y resulta 'un crimen más contra el pueblo brasileño y el futuro de nuestro país'.

Lula insistió en que privatizar Eletrobras 'es entregar en bandeja un patrimonio inestimable'.

Citó en su comunicación los problemas enfrentados, como apagones, por el norteño estado Amapá en noviembre de 2020, cuando el informe de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica señaló fallas de la empresa Líneas de Macapá Transmisora de Energía.

Poder de veto

El modelo de privatización prevé la emisión de nuevas acciones, que se venderán en el mercado sin la participación de la empresa, lo cual supone la pérdida del control accionario con derecho a voto que actualmente tiene el Estado.

A pesar de perder el control, el Gobierno federal tendrá una acción de clase especial (golden share), que le garantiza el poder de veto en las decisiones de la junta de accionistas para evitar que uno o un grupo de varios posean más del 10 por ciento del capital con derecho a voto de Eletrobras.

Con la privatización, las plantas del grupo tendrán un plazo de explotación de 30 años.