El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI concluyeron que no existen pruebas de que Jeffrey Epstein haya poseído una “lista de clientes” con nombres de figuras influyentes, ni de que haya sido asesinado en prisión. Según un memorando oficial difundido por medios como Axios y ABC News, el empresario acusado de tráfico sexual de menores se quitó la vida en agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

El informe asegura que no hay evidencia de chantaje a terceros ni de participación de otras personas aún no imputadas. “No se descubrió evidencia que justifique una investigación contra terceros no acusados”, afirma el documento. Además, los investigadores revisaron grabaciones de la unidad donde Epstein se encontraba detenido y constataron que nadie ingresó al sector entre las 22:40 del 9 de agosto y las 6:30 del día siguiente, cuando fue hallado sin vida.

“Una de nuestras prioridades es combatir la explotación infantil y hacer justicia a las víctimas. Perpetuar teorías infundadas sobre Epstein no sirve para ninguno de esos fines”, sostiene el texto oficial.

La publicación del memo reavivó la disputa entre sectores conservadores y la administración del presidente Donald Trump. Durante su campaña, Trump había prometido desclasificar los archivos del caso Epstein. Sin embargo, al asumir el nuevo mandato, sus seguidores manifestaron frustración ante la falta de revelaciones relevantes. La fiscal general Pam Bondi, aliada del mandatario, había avivado esas expectativas. En febrero, al ser consultada por Fox News, declaró: “Está en mi escritorio, lo estoy revisando”, en alusión a una supuesta lista de clientes. Luego aclaró que se refería al conjunto del expediente.

Bondi también denunció que el FBI retiene “decenas de miles de videos” vinculados a Epstein y sostuvo que se trata de material sensible que no puede hacerse público por contener imágenes de menores o pornografía infantil. El memo difundido el 7 de julio confirmó que la evidencia revisada incluye más de 10.000 imágenes y videos ilegales, y que se analizaron más de 300 gigabytes de datos digitales. “No permitiremos la divulgación de pornografía infantil”, remarcaron las autoridades.

Elon Musk, ex asesor presidencial y actual dueño de la red X, criticó la postura oficial y acusó sin pruebas al propio Trump de figurar en los archivos ocultos. “Esta es la gota que rebalsó el vaso”, escribió Musk, que publicó —y luego borró— un gráfico irónico titulado “Contador oficial de arrestos por pedofilia de Epstein”, con el número “0000”.

La vocera presidencial Karoline Leavitt respondió desde la Casa Blanca: “Esta Administración quiere que cualquiera que haya cometido un delito rinda cuentas. Yo diría que esta Administración ha hecho más por encarcelar a los delincuentes que, sin duda, la anterior”.

Epstein había sido detenido el 6 de julio de 2019 y enfrentaba cargos por dirigir una red de trata de menores con la colaboración de su expareja y socia, Ghislaine Maxwell, quien fue condenada en 2021 a 20 años de prisión. La causa original se había iniciado en 2005, cuando una adolescente denunció abusos en su residencia de Palm Beach. En 2008, un controvertido acuerdo judicial le permitió cumplir apenas 13 meses de condena con salidas laborales, sin enfrentar cargos federales. Ese pacto, firmado por el fiscal Alexander Acosta —quien años después sería secretario de Trabajo de Trump—, frenó una investigación del FBI que ya contaba con decenas de testimonios.

En 2022, el príncipe Andrés de Inglaterra, implicado en una denuncia por abuso por parte de Virginia Giuffre, llegó a un acuerdo millonario extrajudicial. La figura del duque de York fue una de las más afectadas por sus vínculos con Epstein. También aparecieron en sus círculos personalidades como Bill Clinton, Kevin Spacey, Chris Tucker y el propio Trump, quien en 2002 lo describió como “un tipo bárbaro”.

La causa judicial contra Epstein nunca llegó a juicio. Su muerte, las versiones contradictorias, las imágenes inéditas y las promesas políticas incumplidas convirtieron el caso en un terreno fértil para teorías conspirativas. El nuevo informe oficial intenta clausurar ese capítulo. Aunque las víctimas, sus abogados y una parte de la opinión pública siguen reclamando más respuestas.